El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México detectó que el año pasado la Oficialía Mayor -bajo la administración de Trinidad Franco Arpero- presuntamente adquirió bienes y servicios de forma irregular, y subejerció indebidamente recursos públicos, lo que derivó en 24 observaciones.
Como resultado de la auditoría de cumplimiento financiero (ACF-136) realizada a la Dirección de Recursos Materiales de la dependencia, se observan probables irregularidades en las cuentas de gastos de ceremonias y de orden sociales; combustibles, lubricantes y aditivos; telefonía convencional; arrendamiento de vehículos; arrendamiento de equipo y bienes informáticos; servicios de vigilancia; y servicios de lavandería, limpieza e higiene.
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2024, se presume que la Oficialía Mayor adjudicó indebidamente el procedimiento adquisitivo para la contratación de algunos bienes y servicios, sin contar con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado.
Incluso, no se acreditó que haya existido un procedimiento adquisitivo, para el arrendamiento de vehículos, equipo y bienes informáticos, y para el servicio de vigilancia.
También se observa que en estas tres cuentas se superó el monto máximo permitido para adjudicar directamente y no se contó con ningún elemento de convicción que pruebe el cumplimiento de excepción a la licitación pública de adjudicación directa.
Además, se presume que algunos de los bienes y servicios se adquirieron indebidamente, toda vez que no se comprobó la existencia del estudio de mercado.
De acuerdo con el informe de resultados, durante el ejercicio fiscal 2024, a la Dirección de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor se le aprobó un presupuesto de egresos de 429 millones de pesos, que se modificó a 717.9 millones; y finalmente, se ejercieron 716 millones que se distribuyeron en los capítulos de gastos: de servicios generales, servicios personales y materiales y suministros.
Revisaron una muestra
La muestra auditada determinada del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y el Estado de Situación Financiera asciende a 288.6 millones de pesos.
Se presume que la Oficialía Mayor subejerció indebidamente recursos públicos financieros, en relación con el presupuesto autorizado, modificado y el presupuesto ejercido.
“Durante los trabajos de fiscalización, la dependencia no contó con los documentos que acrediten la aplicación del supuesto normativo que le permitió llevar a cabo el subejercicio, ni la documentación legal que compruebe el destino final de los recursos”, dice el informe.
La Oficialía Mayor inició operaciones a partir de 2023, con el gobierno de Delfina Gómez, y entre sus atribuciones está el de celebrar contratos, y concentrar los procedimientos de adquisiciones y concursos de asignación de compras de bienes y servicios. Nació con la visión de “ser una dependencia que se distinga por su eficiencia en el uso de los recursos públicos”
La Oficialía Mayor estuvo a cargo de Trinidad Franco Arpero, hasta que, en octubre de 2025, el cargo fue ocupado oficialmente por Mónica Chávez Durán.
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