El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna propuso al Congreso federal la llamada “ley bache” para que los municipios de todo el país puedan dar mantenimiento y conservar las calles en buen estado con recursos del Fondo de Aportaciones e Infraestructura Social (FAIS) que actualmente sólo se puede usar en obras nuevas.
El legislador indicó que esta necesidad le fue planteada por el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, como solución al problema que enfrentan varias localidades, sin tener que destinarles recursos adicionales y para ello es necesario reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Actualmente esta norma establece los destinos permitidos para los recursos del FAIS y sólo permite que las entidades federativas municipios y demarcaciones lo destinen para financiar obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente la población en condiciones de pobreza y rezago social.
Este fondo cuenta este año con más de 123 mil 743 millones de pesos, de los cuales 7 mil 769 millones son para el Estado de México, de los cuales podría salir el recurso que necesita la entidad y los municipios para tapar todos los baches que existen.
El marco legal vigente limita el uso de dichos recursos sólo para la construcción o ampliación de infraestructura, sin considerar la conservación, mantenimiento o acondicionamiento de la infraestructura existente, lo cual genera una contradicción práctica.
El legislador tomó en cuenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del pasado 23 de octubre de este año, señala que para 84.9 por ciento de la población a nivel nacional, los baches en calles y avenidas son uno de los principales problemas de su ciudad, superando incluso la delincuencia y el mal servicio del transporte público.
Incluso hay porcentajes mayores en ciudades como Oaxaca donde esto opina 98.9 por ciento, en Hermosillo 96.1, en Puebla 95.5 por ciento y en Toluca 95.1 por ciento de la población encuestada.
“El problema del deterioro de la infraestructura no solo representa un problema estético o de movilidad, sino que incide directamente en la seguridad, la economía y la confianza ciudadana en las autoridades locales, pues las obras sin mantenimiento se convierten rápidamente en focos de riesgo, aumentan los costos de reparación y reducen la efectividad del gasto público” destacó.
En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal se incluirían un par de líneas para señalar que también es posible el uso de estos recursos para el acondicionamiento de espacios físicos y mantenimiento de infraestructura, lo cual será analizado en comisiones y dictaminado lo antes posible para que la medida pueda ser aprovechada durante el 2026.
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