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El ayuntamiento de Toluca, a través del Poder Ejecutivo, solicitará al Congreso del Estado de México autorización para desincorporar un inmueble, propiedad del municipio, que pretende enajenar sin subasta a un particular a quien le vendieron el predio en 1995, sin haber solicitado previamente la desincorporación y el visto bueno del Poder Legislativo.

Durante la sesión de este martes 10 de noviembre, el pleno conocerá de tres solicitudes de dos ayuntamientos para disponer de tres predios. Dos de ellos corresponden a la capital mexiquense y uno a Nicolás Romero que pretende donarlo al Poder Judicial para que construya ahí el Centro de Convivencia Familiar.

Estas son las primeras solicitudes de desincorporación del ayuntamiento de Toluca, quien ya tiene una lista de 28 predios susceptibles de enajenación para  obtener recursos y poder hacer frente a la contingencia sanitaria, dotación de servicios públicos y seguridad en un año en que los ingresos se han visto seriamente disminuidos.

Al menos 15 de estos predios no tienen ninguna dificultad para ser puestos en venta, 10 más están invadidos con diversos usos y tres están comprometidos con el ISSEMyM y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. En total suman 46 mil metros cuadrados de los cuales el ayuntamiento podría echar mano si el Legislativo le da su visto bueno.

La sesión se desarrollará a puerta cerrada. En el pleno estarán presentes una parte de los diputados y el resto, incluyendo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández, seguirán el desarrollo en línea. Este último se encuentra en resguardo domiciliario por covid-19.

En la orden del día están enlistados 14 puntos, entre los cuales se contemplan nuevas propuestas de tarifas de agua para el 2021, tres puntos de acuerdo y nueve iniciativas. De estas últimas tres corresponden a los ayuntamientos y fueron enviadas a través del Ejecutivo.

Entre los temas que presentan los diferentes grupos parlamentarios destaca una propuesta de los diputados del PRD: Araceli Casasola, Omar Ortega y Claudia González, quienes pretenden reformar el artículo noveno de la Constitución, donde actualmente se señala que en caso de riesgo, siniestro o desastre, el Ejecutivo dispondrá de los recursos necesarios para atender esa emergencia, sin autorización previa de la Legislatura.

El objetivo es crear la Ley de Ingreso al Mínimo Vital de Emergencia del Estado de México, para garantizar que existan recursos para atender estos casos e incluso pandemias como la que atraviesa actualmente el país, en la cual el gobierno estatal ha destinado más de 2 mil 500 millones de pesos, tan sólo para la compra de insumos en seis meses.

En la bancada de Morena, la diputada Mónica Álvarez Nemer propondrá reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo para crear la Unidad de Estudio y Seguimiento al Impacto legislativo y la diputada María Elizabeth Millán García planteará reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para transparentar los procesos de ingreso y promoción de la Carrera Judicial.

El PAN presentará dos iniciativas: una del diputado Edgar Olvera, quien propondrá ajustar el Código Civil para garantizar el disfrute de los bienes de los adultos mayores, con el fin de prevenir los posibles engaños o abusos, privilegiando su protección y patrimonio, a través de un notario.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky va por ajustes a la Ley de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia para contar con una policía especializada para atender, investigar y eliminar el delito del robo en el transporte público de pasajeros, entre otros temas que se abordarán en el pleno.