Sistema Anticorrupción
En lo que podría significar una falta de compromiso, la semana pasada cuatro de siete integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, el órgano que establece la política anticorrupción y emite recomendaciones, no acudieron a la reunión prevista y agendada desde el 15 de diciembre del 2022.
El secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas; el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios (Infoem), José Martínez Vilchis; el representante del Poder Judicial Pablo Espinosa, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Gerardo Becker y la titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Miroslava Carrillo al parecer tuvieron algo más importante que asistir a la reunión de ese comité, que se realiza cada dos meses.
El propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Manuel de la Mora hizo un llamado, al final de la sesión, para que acudan a las reuniones establecidas y refirió que se enviaron las convocatorias en tiempo y forma.
También advirtió que aún cuando son tiempos de cambio, el Sistema Anticorrupción no se detiene y requiere la presencia de todos, pues además están próximos a rendir su informe anual.
Por ello, pidió a la y los integrantes ausentes prever lo necesario para acudir a laa siguientes reuniones, aunque al menos en el caso del contralor estatal, esta fue la última sesión a la que debía asistir, pues la siguiente será en octubre y corresponderá a quien sea nombrado por la gobernadora electa Delfina Gómez en la Contraloría mexiquense y cuyo gobierno comenzará el 16 de septiembre.
La ausencia de la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador retrasa los trabajos de ese órgano, pues impidió el análisis de algunos asuntos que requerían ser avalados por la mayoría.
El Sistema Anticorrupción ha sido criticado por algunos sectores por la falta de resultados, y es reprochable que quienes lo integran no muestren interés en asistir, sobre todo cuando las fechas son agendadas meses antes.
De las siete sillas que conforman al Comité Coordinador solo una es ciudadana y el resto son personas servidoras públicas, obligadas a rendir cuentas y a ofrecer una explicación de por qué no asistieron a la reunión de la semana anterior.
El combate la corrupción es uno de los principales retos en el Estado de México, y no basta con tenerlo en el discurso si en los hechos no hay compromiso por parte de las y los funcionarios.
Costo de debates
En unos meses arrancará el proceso electoral local, y con él, los debates entre los y las candidatas a presidencias municipales y diputaciones; por lo cual sería conveniente que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tuviera previamente definida la lista de montos que pagará a quienes moderen estos encuentros para no caer en los excesos de dar más de 100 mil pesos, como ocurrió en las elecciones de la gubernatura mexiquense.
De paso, deberá ser obligatorio hacer público cuando alguna moderadora, como el caso de Ginarely Valencia, hacen el trabajo sin recibir un solo peso de contraprestación por decisión propia, pues, aunque fue un tema conocido por el y las consejeras, así como por las representaciones de los diferentes partidos políticos, ninguno hizo mención del tema.
Es justo que, si hubo “señalamientos” por el gasto excesivo en conducciones de los debates, también se reconozca cuando el IEEM puede tener un “ahorro” porque al menos una persona decidió donar su trabajo, como una contribución a la tan cuestionada democracia de este país.
Sanciones a opacos
Aunque el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) no busca ser un órgano sancionador, es justo que castiguen a sujetos públicos opacos que incumplen con sus obligaciones públicas de oficio y con atender las peticiones de la ciudadanía, o las determinaciones del órgano.
Podría parecer intrascendente la falta de actualización de datos o el olvido por hacer pública la información, pero no cuando esta puede ser la puerta a la opacidad, corrupción, abusos y hasta delitos que lastiman al erario y a la entidad en general, por lo cual el Infoem debe seguir con mano dura en contra de quienes incumplen la ley.
Pese a los avances en materia de transparencia todavía hay resistencias a dar a conocer algo tan básico como los salarios y hay quienes rechazan dar información o no la actualizan, y sólo aplicando la ley y evitando la impunidad se logrará prevenir más faltas y garantizar la rendición de cuentas.
