En septiembre dejarán el cargo alrededor de 60 jueces y magistrados que no lograron ganar las elecciones del pasado 1 de junio o no se postularon para participar en las elecciones, pero serán liquidados con tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio, como establece la ley.
A lo que no tendrán derecho es al haber de retiro que anteriormente se conseguía al terminar el cargo de magistrados o magistradas e implicaba el pago íntegro del salario por seis años, el primero al 100 por ciento y los siguientes al 80 por ciento, siempre y cuando hayan ejercido al menos 10 años en ese cargo y tengan más de 25 al servicio del Estado o más de 70 años.
Con haber de retiro
La reforma establece que las magistradas y magistrados del TSJ que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria junio no serán beneficiarios del haber de retiro; salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes del cierre de la convocatoria y sea con efectos a partir del 4 de septiembre, en cuyo caso el haber será proporcional al tiempo de su desempeño, y total cuando la renuncia sea antes de la emisión de la convocatoria.
En este supuesto hay 22 personas que podrán cobrar su haber de retiro porque renunciaron al cargo o terminó su cargo. Tal es el caso de Patricia Lucía Martínez Esparza, Ana Rosa Miranda Nava, Elizabeth Rodríguez Cañedo, María Cristina Miranda Cruz y Lucía Núñez Aguilar, por el lado de las mujeres
Y de los hombres están José Salim Modesto Sánchez Jalil, Everardo Shaín Salgado, Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, Raymundo García Hernández, José Noé Gómora Colín, Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz, Felipe Mata Hernández, Tomás Santana Malváez, Alejandro Velázquez Contreras, Juan Arturo Velázquez Méndez, Sergio Castilla Miranda, Raúl Aarón Romero Ortega, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar y Sergio Arturo Valls Esponda.
Se irán todos
En esta ocasión se renuevan 91 cargos, pues los artículos transitorios de la reforma constitucional establecieron la renovación en dos fases. La primera este 2025 con la mitad de los cargos de magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia y los cargos vacantes y retiros programados de juezas y jueces del PJEM; el resto será en 2027.
Los artículos transitorios de la reforma constitucional establecen que, en caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán sus funciones en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria.
Las personas que resultaron electas tomarán protesta de su cargo ante la Legislatura el 5 de septiembre y el Órgano de Administración Judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda, a más tardar el 22 de septiembre, por un periodo de 8 años.
Las y los magistrados en funciones pudieron participar en el proceso de elección extraordinaria y aspirar a la presidencia del tribunal, así como el tribunal de disciplina o cualquiera de los cargos que se votaron el pasado primero de junio
Derechos
La norma reitera que los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJEM serán respetados en su totalidad y en el presupuesto se considerarán recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyo médico y otras obligaciones de carácter laboral.
Las magistradas y magistrados, jueces y juezas que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, se harán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las demás prestaciones que tengan derecho.
Incertidumbre
Entre quienes se van hay varias personas que llevan años, incluso décadas, laborando para el PJ del Estado de México, pero que no fueron electos en las urnas para seguir en ese u otro cargo, durante los siguientes ocho años
Entre las personas que no ganaron la elección existe incertidumbre de su futuro laboral y dónde podrán encontrar su trabajo, sobre todo quienes tienen más de 40 años, pues dijeron que no les será fácil ingresar a un área distinta, cuando toda su vida han impartido justicia.
El integrante del Consejo de la Judicatura, José Castillo Ambriz, reconoció que hay cierta tristeza porque muchos años de su vida la dedicaron a la función jurisdiccional y todos están conscientes que es una reforma constitucional que hay que acatar.
Sin embargo, aclaró, están trabajando con la misma responsabilidad de siempre. Consideró que son alrededor de 60 personas las que se van a ir en los primeros días de septiembre.
