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Reparte apoyos en eventos públicos; oposición acusa uso electoral de los programas sociales

 

En los últimos seis años el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha ejercido 17 mil 105 millones 892 mil 799 pesos en 18 programas sociales dirigidos, en su gran mayoría, a adultos mayores, niños y mujeres.

La entrega de programas sociales y apoyos como La Efectiva y las despensas de Diconsa en al menos dos eventos públicos en Huixquilucan y Zinacantepec por parte de los gobiernos estatal y federal – en pleno proceso electoral- ha generado indignación entre los diferentes partidos de oposición.

Las acusaciones señalan que las dos administraciones pretenden hacer uso de los apoyos para organizar una “elección de Estado” para obtener votos en la jornada para elegir gobernador el siguiente año, pues hacen, según la oposición, una propaganda disfrazada de programas sociales, el uso político electoral de los apoyos y una promoción ilegal de algunos servidores públicos, generando inequidad en el proceso electoral.

En promedio, al día, las autoridades han repartido, desde 2011 y hasta junio de este año, despensas, útiles escolares, uniformes y apoyos económicos que en su conjunto representan una erogación de 8.5 millones de pesos; monto suficiente para mantener a 38 mil 897 personas con tres salarios mínimos al día.

Con base en los reportes que la Secretaría de Desarrollo Social entregó al Poder Legislativo, el principal apoyo otorgado consiste en paquetes nutricionales y, o despensas alimentarias. En este tiempo ha entregado más de 20 millones de cajas con productos diversos para la alimentación familiar.

Estas ayudas son totalmente independientes a las de carácter federal entidad como son los comedores comunitarios donde miles de familias reciben alimentos de manera gratuita.

Los eventos donde se han repartido apoyos han reabierto la discusión en torno al uso de los programas sociales y su utilidad para disminuir los niveles de pobreza, pues pese al aumento en el gasto social, la situación no ha mejorado. La entidad gasta más, pero tiene más pobres.

Las cifras oficiales indican que en la entidad hay 9.4 millones de personas con diversas carencias, cuando en años anteriores la cantidad era menor. Entre 2012 y 2014 la pobreza creció 12.8 por ciento y 27.6 por ciento la considerada como extrema, lo cual en términos absolutos significa un millón 202 mil personas más en solo dos años, es decir que cada tercer día tres habitantes cayeron en desgracia.

La información proporcionada por el gobierno estatal muestra que cada año ha aumentado el número de beneficiarios, sin precisar si se trata de nuevos padrones y si hay familias donde se entregue más de un apoyo. En 2015 el listado de beneficiarios llegó a 941 mil 717 personas, donde destacan los adultos mayores, las madres adolescentes, madres que trabajan y mujeres que laboran.

Cada programa tiene reglas de operación pero hasta el momento nadie ha verificado que se cumplan, aunque tampoco hay quejas formales de quienes acreditando los requisitos les han negado el apoyo.

A continuación se muestra la distribución de recursos y resultados reportados por la Secretaría de Desarrollo Social:

 

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RECLAMA LA OPOSICIÓN USO ELECTORAL DE PROGRAMAS

El jueves 24 de octubre en la Legislatura mexiquense cinco de los nueve grupos parlamentarios: PRD, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y PT plantearon un punto de acuerdo para llamar a las autoridades de los tres niveles a garantizar la equidad en el proceso electoral a gobernador y detener la entrega de las tarjetas La Efectiva, las despensas de Diconsa y a no condicionar la entrega de apoyos.
Pidieron exhortar al Instituto Nacional Electoral para que inicie una investigación de oficio para fiscalizar el reparto condicionado de tarjetas y despensas, y al IEEM a emprender una campaña de difusión para que los mexiquenses sepan que las entregas no son partidistas y no pueden cambiarse por votos. Varios diputados anunciaron que sus partidos presentarán denuncias.

La vocera del grupo parlamentario del PRD en la Legislatura local, Juana Bonilla afirmó que aun cuando ellos se han comportado a la altura, los gobiernos local y federal del PRI han entregado ayudas en actos fuera de sus funciones públicas y hacen proselitismo sin importar los reclamos de las fuerzas políticas nacionales, con la asistencia injustificada de servidores públicos federales.

Estas acciones tienen  fines proselitistas, sólo tratan de aparentar que el gobierno se preocupa por el bienestar de la población. Acusó al partido oficial de iniciar la compra de conciencias y voluntades y exigió a las autoridades detener las entregas.

Nelyda Mociños del PAN puntualizo que ni los programas sociales, ni los recursos públicos deben ser utilizados para coaccionar el voto. Demandó respeto a la ley, a la vida democrática de la entidad, al proceso electoral y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Llamó a desterrar las viejas prácticas encaminadas a una elección de Estado, donde –comentó- se juegue con el destino de las familias mexiquenses, o se condicionen apoyos a cambio de votos.

Marco Antonio Ramírez de Morena pidió no traficar con la pobreza de pueblo; demandó al presidente, Enrique Peña y al gobernador, Eruviel Ávila sacar las manos del proceso electoral mexiquense, lo cual ya fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Responsabilizó al titular de SEDESOL, Luis Miranda; a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a Francisco Guzmán Ortíz, jefe de la oficina de presidencia; a Eruviel Ávila Villegas, gobernador mexiquense y a José Manzur, secretario general de Gobierno.

Advirtió que no permitirán una simulación, y acusó al actual gobierno de impulsar un círculo perverso donde primero empobrece a la población, y luego compra voluntades.

Patricia Durán de Movimiento Ciudadano consideró que las visitas de funcionarios federales traen beneficios a la entidad y la entrega de apoyos es necesaria, pero no es ética la cantidad de infraestructura movilizada, ni pensar acabar con el rezago con una despensa cuando han mostrado la incapacidad de generar empleos.

Oscar Vergara del PT sostuvo que la prioridad de los últimos gobiernos ha sido la electoral y no resolver la alta marginación y pobreza en la entidad. Exhortó a los gobiernos a no disfrazar programas de regionalización ni a fomentar el clientelismo y el mercado electoral.

Miguel Sámano del PRI salió en defensa de los gobiernos estatal y federal al sostener que buscan estrategias y políticas públicas de gran impacto para combatir la pobreza y la marginación, como son: la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Estrategia de Inclusión Social y la Ferias Integrales de Servicios y aseguró que las autoridades trabajan con responsabilidad y estricto apego a la ley.

Defendió que el inicio de un proceso electoral no implica la suspensión de las actividades de los gobiernos, excepto las señaladas en las normas y sostuvo que los programas están sujetos a reglas de operación, no tienen colores y son de gran importancia para promover la inclusión; por ello, expresó el respaldo priísta a las acciones de los gobiernos por considerarlas apegadas a derecho y buscar el bienestar de los mexiquenses.

De acuerdo al artículo 261 del Código Electoral del Estado de México la propaganda gubernamental se debe suspender desde el inicio de las campañas electorales, las cuales arrancan el 3 de abril del siguiente año. Los programas sociales se suspenderán 30 días antes de la jornada electoral, salvo los que determine la Legislatura.

INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ

FOTO: ESPECIAL

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