*Ricardo Moreno 

De vez en cuando viene bien a las sociedades una revisión integral de su marco jurídico para actualizar las normas de convivencia social. Las sociedades no son pétreas por la propia naturaleza del ser humano. Cambian el estilo de vida, la movilidad, las costumbres y, por lo tanto, las conductas de las personas para adecuarse a los cambios científicos, tecnológicos y culturales.

Hay quien piensa, por ejemplo, que el derecho se funda en principios inamovibles y, por consiguiente, las normas que derivan de ellos también lo son. 

Esto no es así, la conseja popular señala que: “los tiempos cambian” y con ello surgen nuevas conductas o aquellas que otrora se consideraban prohibidas o ilegales dejan de serlo, pues las sociedades asumen nuevas formas de interpretación o, bien, el bien jurídico que tutela ha dejado de ser protegido mediante el establecimiento de alguna pena por la agresión a ese bien tutelado. 

La era digital ha expresado cosas novedosas y extraordinarias. La comunicación en tiempo real y la posibilidad de realizar transacciones comerciales inmediatas han cambiado sustancialmente las relaciones comerciales y, también, diversas conductas que agreden a la sociedad que antaño no conocíamos.

Desde el acoso cibernético, la violación a la intimidad, el hackeo, el fraude digital, y una larga lista, son el signo de nuestros tiempos. Además, el pensamiento y la moral en nuestra sociedad se han transformado dramáticamente en un lapso muy corto de tiempo. Ello obliga a revisar el Código Penal y el Civil por ejemplo. 

El afianzamiento del trabajo en casa o “home office” requiere de normas laborales que se adapten a la nueva realidad y regulen las relaciones laborales en las que se pueda brindar claridad y seguridad jurídica a los sujetos obligados. 

La revisión integral del marco legislativo parte necesariamente de las disposiciones constitucionales. La Constitución como ley de leyes, fija las normas para el establecimiento de las leyes secundarias, por ello, debemos ir hacia una nueva Constitución o reforma integral de la misma. Resulta urgente que la sociedad tenga normas modernas que se ajusten a la realidad  que se vive día a día. Por eso es sano el ejercicio que se ha hecho en el Congreso local para darnos una nueva Constitución, mediante la realización de foros de consulta popular. Negarse a revisar la Constitución es, por demás, una posición marcadamente negativa. 

Fijar postura sin conocer su contenido es, por lo menos, mezquino. La labor legislativa no debe estar solamente vinculada a los intereses políticos que válidamente pueden existir. Sin embargo, los intereses de la sociedad son mucho más amplios y la regulación de las conductas modernas o de la desregulación de algunas ya establecidas, cobran urgencia en virtud de la evolución social apresurada que vivimos. 

Estoy convencido que toda Constitución moderna debería establecer, por ejemplo, una disposición que obligue al Poder Legislativo a hacer una revisión integral de la misma cada 10 años. Con ello, se garantizaría que el marco normativo se mantuviera actualizado y acorde con la realidad que se viva en el futuro. Esta sería la reforma para la reforma.