¿AUDITOR POLÍTICO?

Morena acaba de plantear en la Legislatura mexiquense una de las propuestas más polémicas en este Congreso: flexibilizar los requisitos para ser auditor superior para que un ex senador, ex legislador o hasta un militante de partido pueda ocupar ese cargo.

La iniciativa podría encender los focos rojos ante la posibilidad de que la mayoría en la Legislatura pretenda nombrar a un auditor confiable para ellos, pero con militancia morenista.

El capítulo podría generar un escándalo en un escenario donde el Órgano Superior de Fiscalización es un ingrediente esencial para el Sistema Anticorrupción y lo ideal sería un personaje imparcial y autónomo.

Las reformas sin duda llevan dedicatoria. La pregunta es para quién?

LAS REFORMAS AL 116 CONSTITUCIONAL

En el cambio de titular de la Comisión Nacional de Tribunales la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aprovechó para dar una palmadita a los integrantes de los Tribunales locales en un aparente intento de demostrar que sigue siendo parte de ellos.

Les recordó que en la agenda judicial está pendiente la reforma al artículo 116 constitucional, con el fin de garantizar la autonomía del presupuesto, fortalecer su independencia y la inamovilidad de jueces y magistrados para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo.

Lo que no dijo es que la autonomía es sólo para el manejo interno de sus recursos, como lo han hecho toda la vida, pero no para obligar al Legislativo a otorgarles cierta cantidad, ni para que dejen de lado la Ley Federal de Remuneraciones o moldeen otra norma suprema a sus reglamentos y leyes orgánicas.

Habrá que ver si el sentir del Poder Legislativo federal está alineado al sentir de la ex ministra y hasta donde están dispuestos realmente a soltar la cuerda.

SIGUE VIVA CONTROVERSIA

Y hablando de confrontaciones: hace unos días el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, exhibió que el PJEM promovió una controversia constitucional en enero de este año en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo por la reducción presupuestal de 119 millones de pesos en este ejercicio fiscal.

Los encargados de impartir justicia no consiguieron la suspensión provisional que buscaban, y hasta el momento no han logrado convencer a los ministros de la Corte que el hecho de no haber recibido el 2 por ciento del total de ingresos ordinarios de la entidad limita su autonomía e independencia.

Aun cuando el ejercicio fiscal está por terminar y con ello podría pensarse que se acaba el tema, todo puede ocurrir, y en 2020 podría darse una sentencia que diera la razón al Judicial y obligue al Legislativo y al Ejecutivo a darle más dinero.

El tema sería, de dónde saldría ese recurso, pues fue parte de las reasignaciones que se hicieron.

Otro punto es por qué ha tardado tanto la SCJN en resolver un asunto que parece tener fecha de caducidad: 2019.

Habría que ver si no encuentran el sustento jurídico, o de plano no quieren dar armas para que también a ellos los “ajusticien”.

Si realmente se cometió una falta en este año, para el siguiente podría ser subsanada con un importante incremento de 14.6 por ciento al TSJ, el más alto de los tres poderes, por más de 500 millones de pesos para llegar a 3 mil 936.1 millones de pesos.

Falta ver si los legisladores avalan más presupuesto para quienes no quieren acatar la política salarial de no ganar más que el presidente y quienes tampoco los escuchan ni atienden sus exhortos.