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El grupo parlamentario del PAN en la Legislatura mexiquense propuso exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para modificar la “Política Nacional de Vacunación contra el Virus del COVID 19 en México”.

La iniciativa del diputado y coordinador del PAN, Anuar Azar Figueroa y de su compañera, Brenda Escamilla Sámano pretende garantizar, de manera prioritaria, la aplicación de la vacuna a trabajadores de empresas del servicio de transporte público.

También plantea inmunizar a quienes laboran en las industrias y comercios de alimentación y medicinas; así como al personal médico de instituciones privadas, en un contexto donde se han registrado protestas de personal médico para exigir la aplicación de vacunas.

En sesión del Congreso local Anuar Azar criticó que las políticas determinadas por el Gobierno de México han colocado al país como la tercera con mayor letalidad a nivel mundial, pues pese a los esfuerzos por adquirir vacunas desde el principio hubo falta de planeación en la vacunación y se marcó una amplia brecha de desigualdad.

“En el  Plan de Vacunación contra el COVID 19, ha quedado pendiente poder equilibrar y fortalecer la vacunación de los adultos mayores, con las diferentes áreas esenciales de la sociedad para que las circunstancias eviten una reducción de la actividad económica y limiten la recuperación en 2021”.

Al declararse la emergencia sanitaria, precisó, el gobierno federal ordenó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, pero no pararon las ramas médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud, las de abasto, servicios y proveeduría para la rama médica.

Tampoco dejaron de trabajar farmacias, manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, la seguridad pública y la protección ciudadana; la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia.

Advirtió que las actividades de los transportistas, del personal médico de instituciones privadas, de los comercios y centrales de abastos de alimentos y medicinas, siguen siendo prioritarios para que México siga de pie.

En la entidad, detalló, hay más de 220 mil transportistas que trabajan en  unidades del transporte público de pasajeros.

Hasta  septiembre del 2020, refirió, en el Estado de México 257 conductores habrían fallecido por Covid-19 y la movilidad con choferes de transporte sin vacunar pone en riesgo latente a la población, en un país donde el 80% de los traslados diarios se realizan en transporte público, mientras personal del sector salud en México ha sido uno de los más vulnerables en toda América, según la Organización Panamericana de la Salud.

Azar señaló que la entidad mexiquense es una de las que registran más defunciones entre el personal de las distintas instituciones de salud, pues en territorio mexiquense hay 51 mil 79 médicos y enfermeras.

El coordinador del PAN consideró vital que todos los choferes del transporte público, quienes laboran en comercios de alimentos y medicinas y los médicos de las instituciones privadas, tengan asegurado igual acceso a servicios de salud, y estén incluidos en las acciones de vacunación contra la COVID-19.

Además, las y los médicos de instituciones privadas siguen diariamente en riesgo latente, e incluirlos en el programa de vacunación ayudaría a proteger los derechos de las personas, la salud pública y a detener y atender de mejor manera la enfermedad por SARS-CoV-2.

Para que funcione adecuadamente la política pública de vacunación, alertó, las autoridades deben garantizar y reconocer a toda persona el derecho y la protección de la salud; sumar esfuerzos desde los gobiernos municipales, estatales y desde luego el federal, sin que eso se aproveche como un instrumento político para obtener votos a costa del otorgamiento de una vacuna que por derecho corresponde a las y los mexicanos.

Aun cuando solicitó que el exhorto fuera votado por urgente y obvia resolución, por mayoría de votos fue turnado a comisiones.

La pandemia, dijo el coordinador panista, ha generado consecuencias graves en el sector económico, incrementa la brecha de la pobreza y un retroceso de 10 años en el desarrollo social, y de acuerdo con las cifras del INEGI, la caída de la economía mexicana durante el 2020 fue de alrededor del 9.0 por ciento y se espera una recuperación de apenas un 3.7% en 2021.

Ese crecimiento, enfatizó, será insuficiente para contrarrestar y hacer frente a las demandas de la población, pero opinó que se vislumbra una luz al final del túnel, gracias a esfuerzos sin precedentes para la obtención de la vacuna contra esa enfermedad, pero deben aplicarse a sectores en riesgo.

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