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Las leyes que existen en los ámbitos federal y estatal para salvaguardar los derechos de los periodistas son insuficientes, y en algunos casos confusas. Muestra de ello son las demandas penales, los asesinatos, las presiones, agresiones, amenazas y el menoscabo de sus derechos laborales.

Las garantías están plenamente establecidas en la Constitución, donde se puntualiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero quedan abiertos y debatibles los casos donde ataquen a la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

La Carta Magna agrega que es inviolable el derecho a escribir y publicar sobre cualquier tema, pero en la práctica hay muchos intentos de censura; a través de prácticas como: peticiones de no publicar algunas notas, en un intento de evitar que circule la información, lo cual resulta casi imposible por la fuerza de las redes.

En el 2007 se llevó al texto constitucional  el derecho de réplica que se reglamentó en noviembre del año pasado, con algunas inconsistencias que llevaron a dos partidos políticos y a la CNDH a interponer actos de inconstitucionalidad ante la SCJN por no precisar a los sujetos obligados y no individualizar las sanciones, con lo cual  existía una alta discrecionalidad del juez que podía llegar a imponer hasta 10 mil salarios mínimos a quien se niegue a publicar una aclaración, sin certeza ni certidumbre para los afectados.

Existe una Ley federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos donde se equipara el trabajo de los activistas de derechos humanos, con el de los periodistas con medidas preventivas y protección sin aplicar para ninguno de los dos grupos. Erróneamente define como periodistas a las personas y a los “medios de comunicación”.

Hace cinco años se reformó el Código Penal estatal para elevar las penas en contra de quien afecte a un periodista, con sanciones de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días de multa a quien cause lesiones a una persona en ejercicio de la actividad periodística, y de 12 a 20 años y 300 a 550 días de multa a quien lo asesine. Las penas no resultan ejemplares.

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INICIATIVA EN ANÁLISIS

En la entidad mexiquense no existe una ley que proteja el trabajo que hacen los periodistas. En el 2012 el gobernador Eruviel Ávila envió a la Legislatura una iniciativa para cubrir esa falta, pero a los anteriores diputados no les interesó entrar al análisis, ni mucho menos aprobarla.

En septiembre del 2015 los legisladores actuales la retomaron y trataron de sacarla adelante en mayo, sin consultar a los directamente vinculados en el tema; lo cual generó inconformidad entre quienes han dedicado toda su vida profesional a esta labor. No faltó quien señalara que hacía un año habían hecho consultas, lo cual nadie pone en duda ni invalida, porque todas las opiniones son importantes, pero no suficientes; sobre todo cuando gran parte de los  periodistas en activo no están afiliados a alguna organización.

El tema indudablemente amerita abrir la consulta no sólo a organizaciones, sino también tomar en cuenta a todas las regiones, pues es evidente que el riesgo y las condiciones no son las mismas para quienes se desempeñan en el Valle de México, en las zonas oriente, en la capital de la entidad, en el sur y el resto de la entidad.

La propuesta de ley para el Estado de México define de manera ambigua al periodista, deja de lado a los editores, quienes también pueden ser presionados para publicar o jerarquizar de manera distinta determinada información. Tampoco parece tomar en cuenta la importante labor de quienes difunden imagen impresa o sonora, al hablar solo de información.

Pensar que la diferencia entre un periodista y un colaborador estriba en la periodicidad de sus publicaciones, la remuneración y si se trata de su actividad principal también es poco apegada a la realidad; las actividades son distintas.

Además, es cierto que el periodismo por sí solo no genera los ingresos suficientes a una familia para vivir, razón por la cual varios buscan actividades complementarias, sin que eso los coloque en  uno, u otro lado.

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SIN DERECHOS LABORALES NO HAY CLÁUSULA DE CONCIENCIA

Siempre será importante salvaguardar el secreto profesional, como parte esencial en el ejercicio periodístico, al igual que la cláusula de conciencia para mantener la libertad y principios éticos de toda profesión, pero  se pierde de vista que pocos periodistas pueden hacer uso de esa figura porque no tienen un contrato que los ampare y les permita gozar de sus derechos laborales

De la infinidad de medios de comunicación, impresos, televisivos, radiofónicos y ahora por internet, menos de cinco en la entidad mexiquense reconocen plenamente la relación laboral de cada uno de los reporteros a su cargo. Hay quienes para evadir la responsabilidad usan outsourcing; otros exigen facturar a tres o cuatro empresas de manera indistinta para que en ninguna  hagan antigüedad o simplemente cambian de personal cada cinco meses.

No hay diferencias entre medios nacionales, estatales o regionales. Prácticamente todos llevan una relación laboral “superficial” con sus empleados, ni siquiera con quienes en la práctica llevan cinco, 10 o 20 años. Algunos atrasan el pago de quincenas a sus trabajadores y les quedan a deber.

Bajo estas condiciones ¿cómo negarse a seguir una orden si sus derechos no están protegidos? Rechazar una indicación por cuestiones de principios es renunciar a todo.

La realidad, bien conocida por las autoridades, es que los periodistas del Estado de México no tienen derecho a vacaciones por ley, no cobran aguinaldo, ni utilidades, no se jubilan ni pensionan, no tienen acceso a servicios de salud, no pueden acceder a una vivienda, no tienen seguro de vida y tienen un salario demasiado bajo, equivalente al de un oficio, bajo el argumento que esta profesión no ha salido del catálogo de salarios mínimos, equiparable –sin demeritar- al del carpintero, albañil, vigilante, entre otros.

Es necesario tomar en cuenta que desde hace años quienes laboran en los diversos medios de comunicación egresaron de las universidades, cuenta con licenciatura, especialidades, estudios de posgrado y amplia experiencia y reconocimiento.

Independientemente del bajo salario que percibe, en la mayoría de los casos el reportero debe cubrir todos los gastos generados por el ejercicio de su función: desde traslados, viáticos, telefonía, pues a casi nadie les proporcionan los instrumentos básicos para su labor, como son: grabadora, cámara fotográfica o de vídeo.

No obstante, la tendencia es una mayor exigencia de las empresas que  buscan triplicar las funciones de los reporteros; ahora no basta que escriban; les solicitan tomar fotos y video al mismo tiempo para que las empresas puedan vender el servicio, no una; sino: dos, tres o hasta cuatro veces, sin que esto signifique un ingreso extra para el periodista. Lo hace, o simplemente emplean a otra persona.

La iniciativa de ley no prevé obligar a las empresas a cumplir su papel de patrones para garantizar los derechos laborales de todos los periodistas; tampoco menciona el tema de logística, cuando el personal de seguridad de muchas instituciones, o la misma policía a veces obstaculizan la labor de los medios de comunicación en forma grosera.

Las presiones están a la orden del día. Hay instituciones que arrastran vicios, entre ellas: que si no les gusta el tipo de información que alguien publica, el ángulo, o incluso la forma como se dirige a determinado funcionario todavía recurren a prácticas como: hablar al medio de comunicación para acusar al reportero, y en algunos casos vienen sanciones, cambios de fuente, o hasta despidos, sin ningún miramiento.

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OBLIGACIONES PENDIENTES

Las carencias que viven los periodistas de la entidad no son responsabilidad directa del gobierno; por lo cual no hace falta que a través del erario intente subsanar la negligencia de los empresarios- medios de comunicación, otorgándoles becas, como canonjía especial: apoyos, créditos para vivienda, ni crearles fondos, fideicomisos o indemnizaciones para su familia. Las autoridades no son los patrones, y por tanto, no tienen obligaciones laborales con los trabajadores de los medios.

Las responsables son las empresas. El gobierno debe obligar –a través de los órganos correspondientes- a que se cumplan al pie de la letra y otorguen prestaciones a sus empleados, pero al parecer el temor a poner orden y el deseo de quedar bien hace más fácil distraer recursos públicos para cubrir las obligaciones de otros, cuando los periodistas no buscan, ni tienen por qué tener canonjías, ni tratos especiales. Solo se requiere el reconocimiento a sus derechos, bien ganados.

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LA SEGURIDAD INICIA EN LA EMPRESA

Es evidente que además de garantizarles seguridad, respeto y condiciones legales para ejercer su función, el periodista necesita sus derechos laborales activos, porque hasta el momento muy pocos tienen a salvo esas garantías. Todo va unido: sin derechos laborales no se pude proteger a los periodistas, no pueden exigir transporte seguro para cubrir acciones de riesgo, para salir a las 3 o 4 de la mañana de su empresa al hogar.

La prevención inicia con un ambiente laboral seguro en todos los sentidos. Sin éste, lo que se pueda recibir serán simples dádivas que afrentan la verdadera función del periodista y toda norma resultará insuficiente.

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