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El pasado 25 de julio el pleno de la Legislatura mexiquense aprobó por mayoría de votos la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, propuesta por el gobernador, Alfredo del Mazo, que contempla un nuevo sistema de pensiones, a través de cuentas individuales, manejadas por Afores, donde la pensión será proporcional a las aportaciones de los servidores, más los intereses de toda su vida laboral.

La nueva norma, que entrará en vigor en 2019, ha generado la molestia de los servidores públicos y fue rechazada por los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y PT, pero avalada por el PRI y sus aliados de Nueva Alianza, PVEM y Encuentro Social.

El Ejecutivo justifica la nueva ley en que es inevitable porque el Sistema Solidario de Pensiones del ISSEMYM ya es insostenible, pues la reserva financiera se terminará a mediados del 2019; ya que en estos momentos hay más gastos que ingresos y las cuotas y aportaciones son insuficientes

El ISSEMYM aglutina a 375 mil servidores públicos derechohabientes y casi 60 mil jubilados y hay 6 servidores públicos por cada pensionado, quienes reciben en promedio el 102 por ciento del sueldo promedio de los servidores públicos, pero se prevé que en el próximo lustro la cifra de pensionados se duplicará.

Durante 2017 los ingresos del ISSEMYM ascendieron a 20 mil 595 millones contra 20 mil 953 millones de egresos, con un déficit de 357 millones que en 2018, según el Ejecutivo, podría llegar a mil 381 millones; en 2019, a 2 mil 907 millones; en 2020, a 4 mil 296 y en 2021, a 6 mil 470 millones.


La nueva y polémica ley implica un sistema nacional de seguridad social con portabilidad de los servicios y derechos de la seguridad social, un nuevo sistema de pensiones donde los servidores públicos podrán hacer aportaciones voluntarias a su cuenta individual en una subcuenta para aumentar su pensión, pero también un alza en las cuotas que se descuentan a los trabajadores.

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CUESTIONAMIENTOS A LA CRISIS FINANCIERA

La nueva ley ha generado cuestionamientos en torno a la situación financiera del ISSEMYM, pues los trabajadores reclaman por qué el instituto no tiene finanzas sanas, si en 2012 se aumentaron las cuotas y aportaciones, y en ese momento se señaló que las reservas estaban garantizadas a 20 años.

El Ejecutivo asegura que no se afectarán derechos adquiridos y ha ofrecido que con la nueva ley no solo habrá viabilidad financiera; sino también servicios de salud de calidad, equidad y eficiencia.

Los cuestionamientos de los trabajadores se basan en que hay dependencias del Gobierno, municipios y órganos autónomos como la UAEM que adeudan recursos al ISSEMYM porque no entregan todas las cuotas y aportaciones que descuentan a los trabajadores, como lo exhibe la Cuenta Pública 2017; así como los subejercicios de los últimos años, pues el instituto no ha aplicado todo su presupuesto.

También hay reclamos de que el servicio que presta el ISSEMYM es deficiente y no siempre hay medicinas.

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Por lo pronto, los diputados electos de Morena, quienes serán mayoría en la siguiente Legislatura, ya integraron una comisión de análisis de la nueva ley y pretenden realizar 45 foros para que los derechohabientes opinen, a fin de determinar si en la siguiente Legislatura, que inicia el 5 de septiembre, derogan esa norma o le hacen reformas.

INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ

FOTO: ESPECIAL

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