La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso local una iniciativa de ley para reformar el Código Penal de la entidad para sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas para quienes reincidan, para garantizar justicia y cerrar el paso a la impunidad.

La iniciativa será presentada en el pleno este miércoles para turnarla a análisis en comisiones y conocer las penas que plantea para este delito, así como los detalles de la reforma. Entre los principales cambios está que no sea necesario un hostigamiento o acoso reiterado, sino que desde la primera vez se pueda denunciar y sancionar.

Se crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos —como ministerios públicos o policías— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta.

Actualmente debe ser reiterado

Actualmente el Código Penal de la entidad señalan que en caso de hostigamiento sexual , es decir cuando se asedia a una persona subordinada, valiéndose de su posición o relaciones laborales, docentes, domésticas o de otra jerarquía, se hacen acreedoras a penas de 6 meses a dos años de prisión o de 30 a 120 días multa y en el caso de que la persona agresora sea servidora pública, además, será destituida del cargo y se habilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de 1 a 3 años.

Cuando el ilícito sea cometido por una persona servidora pública de alguna institución educativa pública o privada se incrementará en una mitad, será destituida del cargo y se le inhabilitará de 1 a 10 años.

En el caso del acoso sexual, es decir cuando alguien actúa con fines de lujuria reiteradamente, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, la pena es de un año a 4 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Y si la víctima es menor de edad o no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, la sanción se incrementará en un tercio.

Si el sujeto activo del delito es servidor público además se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de 1 a 3 años. Y para el caso de que pertenezcan a alguna institución educativa pública o privada el tiempo en prisión aumenta una mitad, además de la destitución del cargo y una se inhabilita de 1 a 10 años.

Plan Integral contra el Abuso

La reforma local se presenta en el marco y en respaldo al “Plan Integral contra el Abuso Sexual” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos, con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.

La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra como lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Asimismo, la iniciativa establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, incrementando las penas hasta en una mitad.

La propuesta dispone que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima, con el fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.

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