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Antes de irse, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas dio sus últimas estocadas. De manera directa le pegó al bolsillo de miles de familias con el incremento de entre 25 y 37 por ciento  a las tarifas del transporte público que por meses cobró impunemente el llamado “pulpo camionero” en las narices de las autoridades que hicieron del prepago, las cámaras de vídeo vigilancia, los botones de pánico y los geo localizadores una tomada de pelo.

Alcanzó a pagar favores y cuotas tanto a priístas como a familiares de perredistas y panistas, así como a gente muy cercana a su gestión, con la entrega de 12 nuevas notarias que les asegura cargos de por vida no sólo a ellos, sino a sus descendientes, a quienes podrán heredar el puesto como tradicionalmente se hace en la entidad.  La cereza del pastel fue la nueva la licencia para que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, siga conservando la notaria número 175 para que no se quede sin empleo cuando deje esa entidad.

Sin importar los señalamientos, cedió a la demanda de los restauranteros. Vender alcohol a menores ya no es un delito, sólo una falta administrativa, permitiendo además la comercialización de bebidas embriagantes en salones de fiesta y jardines durante la celebración de eventos y reuniones privadas, y retirando la “ley seca” el día de la jornada electoral y las 24 horas previas en restaurantes donde la actividad principal sea el expendio de alimentos.

También pasó a generar el sustento jurídico para que operen las foto multas. Y claramente como lo informó el actual gobierno “es falso que se reactive el programa Límite Seguro” pero es cierto que la ley contempla ya la posibilidad de multar a los conductores, apoyados en la tecnología, quizá ahora con un nuevo programa, un nombre distinto, que podría echarse a andar hoy, mañana o el 2 de julio del 2018.

En su comunicado el gobierno dio información parcial al decir que en la Gaceta publicada el pasado 11 de septiembre sólo se actualizaron montos, la debida notificación y requisitos, sin reconocer los ajustes al Reglamento para establecer que las infracciones captadas por equipos o sistemas tecnológicos deberán ser notificadas al propietario, por correo certificado, directamente en su domicilio; permitir obtener la información de la falta con equipos y sistemas tecnológicos y facultad al personal de tránsito para retener una placa o la tarjeta de circulación a los automovilistas de otras entidades para garantizar el pago de la multa.

Es claro que ya tocará al gobierno de Alfredo del Mazo decidir si usa o no estos mecanismos para poner orden en las calles, donde los elementos de tránsito son insuficientes para sancionar no sólo el exceso de velocidad sino el subir o bajar pasaje en pleno arroyo vehicular, la  obstrucción de vías de alta velocidad, el estacionamiento en doble fila, a quienes se suben a los camellones para cambiar de vialidad y muchas otras faltas de las cuales todos somos testigos.

También le tocará decidir si sigue privilegiando a algunos funcionarios y le guarda por más tiempo las notarías, si combate de manera directa las presuntas extorsiones de los verificadores y si deja que  el transporte siga reinando en un mundo de impunidad, sin evolucionar a un servicio seguro y eficiente.

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