VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA LUCHA POR LA  RECTORÍA

En el proceso de elección de la o el nuevo titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) solo quedan dos.

En menos de ocho días se bajó de la elección de la UAEMex, Raúl Ortiz, el personaje más cercano al rector Alfredo Barrera, sin un argumento claro de su decisión, pero con la justificación de que fue por “motivos personales”, en los cuales cabe un sinfín de posibilidades.

Entre ellas, se especula sobre las declaraciones del titular del Órgano Interno de Control, Victorino Barrios Dávalos, en torno a que el ex abogado tiene procesos de investigación abiertos por los despidos de personal.

La razón de la dimisión será más clara con el tiempo. 

Un hecho lamentable en el proceso de renovación de la rectoría es la violencia de género, a través de las redes que ofrecen cierto anonimato.

El ejemplo más claro y sobre el cual la Comisión Especial Electoral debería tomar cartas en el asunto es el de la candidata a la Rectoría, Yolanda Ballesteros Sentíes, quien continuamente es agredida en algunas páginas creadas específicamente para ese fin, al parecer, desde el interior de la máxima casa de estudios.

Se supone que esa comisión debe garantizar reglas de equidad para la y el candidato, pero sobre todo, respeto. 

Los ataques y la violencia en espacios digitales, o donde surjan, no deben dejarse pasar. Existe y debe ser frenada e investigada. No hacerlo, normalizaría las agresiones.

EMPEZARÁN LOS DESCALABROS POLÍTICOS

Esta semana será decisiva para muchas y muchos aspirantes a candidatos y candidatas a diputaciones federales. Se esperan varias sorpresas y sobre todo una larga lista de descalabros de quienes quedarán fuera de espacios en las contiendas internas.

A quienes su partido se los permitió no apostaron a una sola elección y se inscribieron en la federal y en la local, en algunos casos resignados, sin buscar las alcaldías, pero sí alguna regiduría o sindicatura; el objetivo es permanecer tres años más en el sector público.

También se agotan los tiempos para las definiciones locales, donde el tema es más difícil por la pasión que despiertan las alcaldías y la Legislatura local.

Aunque varias y varios han estado trabajando desde hace tiempo con la militancia de su partido, las decisiones cupulares podrían dejarlos fuera, incluso pese a ser buenas opciones para el cargo.

Existen personajes que podrían haber tenido un buen papel en la Legislatura, pero apostaron todo por candidaturas a ayuntamientos que no se antojan nada fáciles, como sucede con Ricardo Moreno Bastida en Toluca.

DECLARACIONES 

En el mes de mayo las y los servidores públicos deberán entregar sus declaraciones patrimoniales y de intereses en nuevos formatos.

Los documentos irán a una plataforma nacional digital que concentrará la información considerada como pública.

Desde hace tiempo se observa temor y resistencias de quienes temen dar a conocer lo que tienen.

Un ejemplo ilustrativo es lo que sucedió hace unos días en sesión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

El Poder Judicial expresó que algunas personas que ocupan magistraturas o la titularidad de juzgados habían manifestado que temían dar información por sus cargos y porque los habían intentado extorsionar y pedían reservar datos.

Sin embargo la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Infoem), Zulema Martínez y el contralor estatal, Javier Vargas advirtieron que sólo podían reservar información con una prueba de daño para demostrar que publicarla les podría generar un riesgo.

Entre los argumentos, el secretario de la Contraloría dió un golpe firme: el gobernador y su gabinete legal hacen públicas sus declaraciones desde 2017, con lo cual pareció cuestionar que si el mandatario lo hace, el Poder Judicial no tiene pretexto para no dar versiones públicas, donde se protejan, como señala la ley, los datos personales.

LEGISLATURA SE LAVA LAS MANOS

En cinco meses terminará sus funciones la 60 Legislatura y el ISSEMyM sigue siendo un tema pendiente.

Las y los diputados de Morena y sus aliados hablaron de auditorías desde el primer año, pero a la fecha no se conoce ningún resultado.

Tampoco hay nueva ley. Dejarán ese trabajo a quienes arriben al Congreso local el próximo 5 de septiembre, ya con un polvorín en las manos, por la falta de recursos para cubrir pensiones y una baja en la calidad del servicio médico que prestan a la burocracia.

En diciembre del 2018 abrogaron la ley anterior que apostaba a las afores, y la cual generó un fuerte descontento y protestas.

Prometieron una nueva norma, trabajada entre todos los sectores, pero al no lograr acuerdos, las y los legisladores han evitado legislar y pagar el costo de la reforma.

Prácticamente se han lavado las manos y dejan todo a las y los derechohabientes y al Instituto.

Tampoco hubo reformas para blindar el pago de cuotas al ISSEMyM. Criticaron mucho los retrasos, el incumplimiento y los desvíos de los pagos, pero al final no ha habido avances.

Se han exhibido las carencias y fallas de esa institución, incluso los descuentos ilegales a pensionados, que son mayores a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia,  pero no ha pasado nada.

Si no hay avances en los siguientes meses, esta Legislatura quedará a deber en ese tema y dejará al Instituto más debilitado de lo que lo encontró.