Con la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios se buscará hacer más efectivo el acceso a la justicia administrativa, disminuir la impunidad, fortalecer el tejido social y fomentar la cultura de la paz y la legalidad en los municipios, advirtió la diputada Karla Aguilar Talavera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI).

La justicia cívica, añadió, es un modelo que busca la resolución pacífica de conflictos que surgen entre personas por la convivencia cotidiana; por ejemplo, el ruido que se genera por una fiesta en la madrugada, acumular basura afuera de una casa, o pasear un perro sin medidas de seguridad, ni higiene.

Cuando las personas no tienen forma de resolver esos conflictos, detalló, buscan justicia por su propia mano y existe el riesgo de que se genere violencia, o incluso se cometan delitos, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el segundo trimestre de este año al menos tres de cada 10 personas de 18 años y más tuvo algún conflicto con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de escuelas.

En la justicia cívica, advirtió la legisladora del distrito electoral local VII – integrado por 10 municipios de la entidad, desde Almoloya del Río hasta Zumpahuacán-, que los actores fundamentales son los ayuntamientos; por lo cual, con la nueva ley las oficialías mediadoras conciliadoras se transformarán  en juzgados cívicos que tendrán más atribuciones para sancionar infracciones administrativas actualmente contempladas en los bandos municipales.

La justicia cívica, señaló, es una política pública nacional adoptada por un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y para su aplicación cuenta con un modelo homologado, es decir, una hoja de ruta para las entidades y municipios.

Así funcionará:

Para el funcionamiento de los juzgados cívicos estos deberán contar con un juez cívico, es decir la persona encargada de sancionar faltas administrativas o de canalizar a los involucrados con un facilitador, en busca de que lleguen a un convenio.

También, dijo, habrá una persona secretaria que realizará los registros en los archivos del juzgado, trámites de apoyo y seguimiento al proceso.

Además, las y los facilitadores serán responsables de acompañar y asesorar a las personas involucradas en el proceso de mediación y conciliación.

También contará con un médico para la evaluación física de las personas infractoras, a fin de detectar posible consumo de alcohol o de drogas y una persona psicóloga para realizar un dictamen profesional y determinar el estado mental de la persona, a fin de apoyarla con talleres o terapias.

Beneficios:

La diputada Karla Aguilar Talavera, autora de una de la primera de las dos iniciativas de las cuales se integró el dictamen que se votará en los próximos días en el pleno de la Legislatura para expedir la Ley de Justicia Cívica de la entidad, señaló que entre los principales beneficios de esta ley está evitar los formalismos procedimentales al desahogar los asuntos en una sola audiencia, en forma oral; además, se pasará de un enfoque de sanción a otro de reparación y se privilegiará el trabajo a favor de la comunidad.

Otro beneficio será mayor mediación y menos confrontación, pues se promoverá la resolución pacífica de conflictos, a través de mecanismos afirmativos de soluciones de controversias, como la mediación y la conciliación para construir soluciones duraderas y de común acuerdo.

Sigue la votación en el pleno

En el Congreso local las comisiones legislativas ya aprobaron el dictamen y se prevé que en breve será avalado por el pleno, pues más de 90 municipios han recibido asesoría y capacitación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la materia y cerca de 20 ya operan ese modelo.

Las y los legisladores, explicó la diputada del PRI, también consultarán a los pueblos originarios, pues en esta ley no estarán contempladas ni comunidades indígenas, ni personas con discapacidad, pues serán ellas mismas quienes señalen sus necesidades, a través de la consulta.

Sostuvo que los ayuntamientos tienen recursos para operar el modelo, donde las oficinas mediadoras conciliadoras serán las encargadas de aplicar la justicia cívica, a través de juzgados; con lo cual ya hay un gran avance en material, equipamiento de instalaciones y personal capacitado.

Además, los municipios tienen acceso a programas y subprogramas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública, con lo cual tendrán recursos para invertir en los juzgados cívicos y en capacitación.

Después que sea aprobado el dictamen en el pleno se enviará a la titular del Poder Ejecutivo para que lo publique en la Gaceta de Gobierno para su entrada en vigor. A partir de ahí, los municipios tendrán seis meses para ajustar su normativa y poner en operación los juzgados cívicos, para sancionar las infracciones que cometan adultos y adolescentes a partir de los 12 años por atentar contra el bienestar colectivo, la seguridad de la comunidad, la integridad o dignidad de las personas o de la familia, la propiedad y el medio ambiente, la salud pública y la tranquilidad de las personas.

Casas de Atención Ciudadana de Karla Aguilar Talavera

Tenancingo: Juan Aldama 300, esquina Hidalgo, Tenancingo, Estado de México.

Tenango del Valle: Portal Filiberto Gómez 111, Col. Centro, Tenango del Valle, Estado de México.