Los partidos políticos, las y los candidatos y candidatos independientes que compitan en el venidero proceso comicial de 2021, ejercerán los recursos públicos que les sean asignados en sus correspondientes campañas electorales. Este hecho frente a las demandantes necesidades de la población en materia de salud y la constante crítica de la ciudadanía, ya que el financiamiento público ha sido considerado como un verdadero dispendio.

Para el Instituto Nacional Electoral (INE), lograr una fiscalización eficiente y efectiva representa un reto mayúsculo porque estará frente a la elección más competida por el número de cargos que se disputarán, pues se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en diversas entidades federativas se renovará desde gobernaturas, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

De manera que, el INE deberá coordinarse con los organismos locales en la estrategia sobre la capacitación a las y los actores políticos para la operación del sistema de contabilidad en línea, pues por su naturaleza informática es muy complejo, aunado a que las y los actores políticos son responsables de su propia contabilidad.

En efecto, la operación del sistema de contabilidad representa obstáculos importantes como: reflejar registros congruentes y ordenados de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera, ello, a través de la presentación oportuna de los informes mensuales y soportes documentales sobre la aplicación de los recursos de pre y campaña. Este complejo andamiaje contable debe ser revisado y cotejado en plazos cortos por el INE para formular, en su caso, recomendaciones preventivas.

Otro elemento a considerar es el referente a las campañas que se realicen en redes sociales, ya que no serán fácilmente fiscalizables derivado de simulaciones y eventuales fraudes a la ley por la potencial intervención de personas ajenas a los actores políticos que, en estos medios, decidan apoyar alguna ideología política.

También el uso de dinero en efectivo en las campañas representa un gran obstáculo, pues muchas veces se trata de desvío de dinero público por parte de algún órgano o dependencia de cualquier nivel de gobierno, o bien de dinero de procedencia ilícita. Para detectar operaciones de esta naturaleza es trascendente la coordinación y respuesta inmediata que otorgue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pues de ello depende que se visibilicen estas operaciones ilegales que generan inequidad en la contienda comicial.

Otro gran reto de la fiscalización es que esta se empalme con los tiempos de presentación de los informes de campaña; ello tiene impacto en aquellos partidos políticos que eventualmente pierdan su registro y entran en procedimiento de liquidación. Muchas de las veces este procedimiento se agota antes de que la autoridad haya aprobado los dictámenes consolidados de fiscalización y, para entonces, es imposible hacer efectivas las sanciones o multas a que los extintos partidos se hicieron acreedores, por la simple razón de que ya no existen.

La compra de votos representa otro gran reto para la fiscalización, dado que, por lo regular estas operaciones se hacen con dinero en efectivo que, desde luego, no es auditable y los actores políticos no lo reportan como tal, puede ser que este dinero sea lícito, pero se introduce en el proceso comicial de manera ilícita, ya que la compra de votos esta prohibida. De ahí su complejidad para fiscalizarlo.

En suma, la fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos y de las y los candidatos independientes estará bajo el escrutinio ciudadano, pues el dispendio de recursos en las campañas electorales contrasta con las necesidades derivadas de los efectos del Covid 19.

*Doctora en Derecho Penal y Especialista en Justicia Electoral