JUSTICIA PARA PERIODISTAS: UN PENDIENTE EN EDOMEX

 JUSTICIA PARA PERIODISTAS: UN PENDIENTE EN EDOMEX
  1. El secuestro, robo y amenazas a la periodista Teresa Montaño Delgado se registra en un contexto de violencia, inseguridad e impunidad en el Estado de México.

El caso se suma a otras agresiones y a dos homicidios de periodistas en la entidad, que hasta el momento no han sido aclarados por las autoridades.

La Legislatura mexiquense aprobó este año la Ley de Protección a Periodistas y Defensores, donde se establece la obligación de instrumentar un mecanismo de protección que aún no aplica y se ha quedado sólo en el papel.

Al caso de Tere Montaño se suman el homicidio de Enrique García hace casi dos meses y el de Nevit Condes, ocurrido hace cerca de dos años.

Ambos siguen sin avances en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

También se han registrado agresiones contra periodistas, por las cuales, desde junio de este año diversos colectivos han solicitado a las autoridades echar a andar el mecanismo de protección.

El contexto es preocupante porque en ninguna de las agresiones a periodistas se ha logrado hacer justicia, ni se han aclarado los hechos. La impunidad ha prevalecido.

AGRESIONES

En los últimos tres meses y medio se han registrado al menos seis agresiones hacia periodistas de la entidad.

El 6 de mayo el periodista de El Sol de Toluca Filiberto Ramos fue agredido físicamente en el centro de Toluca por sujetos desconocidos. Fue interceptado en la calle Miguel Hidalgo, frente a los Portales, donde al menos tres sujetos lo golpearon, junto a un acompañante.

El 27 de Mayo el periodista Jorge Martínez de Amecameca fue amenazado por dos personas que viajaban en una motocicleta. Aun cuando acudió a la oficina de atención a periodistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no hubo ninguna acción en concreto por parte de las autoridades.

Durante la jornada electoral del 6 de junio una reportera fue encarcelada por policías municipales de Ixtapaluca por haber tomado una fotografía de la alcaldesa Maricela Serrano cuando ejercía su derecho al voto.

El lunes 21 de junio el fotógrafo Julio César Zúñiga fue agredido por un grupo de mujeres en la Plaza de los Mártires en el Centro de Toluca. En el lugar había elementos de la policía estatal, pero no hicieron nada.

El 4 de agosto el periodista Miguel Ángel Alvarado fue golpeado y víctima de un robo en la Terminal de Toluca, cuando cubría los decomisos de mercancía en contra del comercio informal. Le robaron su celular y lo agredieron físicamente.

Y como estos casos, varios compañeros y compañeras más han sido agredidas tiempo atrás, cuando han acudido a diversas coberturas, sobre todo de accidentes o eventos policiacos, donde las autoridades no sólo les han impedido hacer su trabajo, sino que los han retenido ilegalmente.

Apenas este viernes 13 de agosto Tere Montaño fue víctima de secuestro, robo y amenazas que ya han sido denunciadas ante las autoridades y de los cuales se espera pronta respuesta, además de garantizar su integridad, tranquilidad y la de toda su familia.

DOS HOMICIDIOS

Junto con las agresiones, también han asesinado a dos periodistas mexiquenses en los últimos años, y hasta el momento no se ha hecho justicia.

El 17 de junio, al parecer en un intento de asalto, el periodista Enrique García fue asesinado en Metepec, y hasta la fecha, no hay avances en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia estatal.

El 24 de agosto de 2019 en Tejupilco fue asesinado Nevith Condés Jaramillo, sin que las autoridades hayan podido aclarar el móvil, ni dar con los responsables.

Ante la falta de protección y el clima de inseguridad e impunidad, las y los periodistas, al igual que la ciudadanía, están en riesgo permanente en una entidad dónde la justicia sigue siendo un pendiente y una promesa incumplida en todos los niveles de gobierno.

Es necesario que las autoridades hagan justicia, y que ni el caso de Tere, ni el resto queden en estadísticas de impunidad.

También se requiere que la Ley de Protección funcione y cumpla con sus objetivos, que no sea letra muerta.

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