El pasado lunes 20 de septiembre se llevó acabo uno de los eventos políticos más relevantes del año, el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo. Importantes personalidades de la política no solo mexiquense sino mexicana se dieron cita en el Palacio de Gobierno del Estado de México para dar fe de los resultados presentados por esta administración durante el último año.

Durante poco más de una hora, el gobernador recitó las acciones que tomó principalmente en materia social, de salud y de atención a las mujeres mexiquenses, señalando de hecho que el 70% del gasto programable, es decir el gasto que se asigna directo a bienes y servicios para los ciudadanos, se invirtió en materia social con la finalidad de atender a los más necesitados y buscar el bienestar de las familias mexiquenses. Por otro lado señaló que la difícil situación tanto económica como social en el Estado de México tiene más que ver con las condiciones globales y nacionales que con situaciones particulares del Estado.

Sin afán de desacreditar ni las palabras ni las acciones de la administración que el gobernador Del Mazo encabeza, a todas luces resaltan algunas incongruencias entre la realidad que atraviesa la entidad y los logros que se celebraron durante el informe, sobre todo en lo relacionado con la política social y de atención a la población.

Si bien es cierto que las condiciones tanto nacionales como globales no han sido favorables debido al grave problema económico que ha provocada la emergencia sanitaria, también es cierto que la actual administración mexiquense ha aplicado acciones sociales poco funcionales o de muy bajo impacto mientras que persiste en hacer caso omiso a propuestas que presentan mejores prácticas de atención social trayendo como resultado un gasto enorme pero poco útil tanto en el combate contra la pobreza como en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias mexiquenses.

En el último año, la población en situación de pobreza dentro del Estado de México incrementó considerablemente, se estima que poco más de un millón de mexiquenses (principalmente mujeres y jóvenes) se incorporaron a las filas de la pobreza. Lo anterior no solo es preocupante sino alarmante dado que con este incremento poblacional en condiciones vulnerables concluimos que por lo menos 1 de cada 2 mexiquenses se encuentra en situación de pobreza y esto en un Estado donde se celebra el enorme gasto en material social.

Desde otro ángulo, el desempleo es uno de los principales detonantes de pobreza y el Estado de México, a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia, ha experimentado altas tasas de desempleo poniendo en riesgo o vulnerabilidad a familias enteras; se estima que al menos 80 mil trabajadoras y trabajadores formales han perdido su empleo en el último año. En este sentido, durante el informe el gobernador Del Mazo celebró el programa de atención al desempleo que aplicó como medida de respuesta al problema, sin mencionar que él mismo se negó a aplicar la Ley del Seguro de Desempleo dejando claro que más allá de aplicar soluciones necesarias, la administración se ha concentrado en aplicar soluciones convenientes pues cabe resaltar que dicho programa ha sido uno de los más opacos desde su convocatoria hasta la presurosa entrega del apoyo.

Para analizar y desmitificar cada una de las premisas ensalzadas por el gobernador durante el informe hace falta tiempo y bastantes hojas pero lo que nos queda claro con el par de planteamientos previamente hechos es que al parecer el mensaje en este cuarto informe va más en el sentido de “importan más mis planteamientos que la propia ley” aún y cuando estos no ofrezcan ni resultados ni soluciones reales a las problemáticas que todas y todos los mexiquenses enfrentan.

 *Economista y secretario de la Fundación Plan México