La Legislatura mexiquense aprobó la nueva Ley de la Administración Pública del Estado de México, la cual regirá al Gobierno que encabezará Delfina Gómez Álvarez, a partir del 16 de septiembre, con un nuevo enfoque, donde se prioriza el interés general, lograr el bienestar de la población, un mayor combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos.
También establece que se deberá garantizar un buen gobierno regido por la legalidad, honradez, profesionalismo, inclusión, racionalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia y se ratifica que se garantizarán los derechos laborales de las y los servidores públicos.
Con la reestructura de la administración pública, concretada en periodo extraordinario, habrá 16 secretarías, más una Consejería Jurídica y una Oficialía Mayor, que tendrán el rango de secretarías, y formarán parte del gabinete legal, mientras el Ejecutivo contará con el apoyo de una Jefatura de Gabinete y Proyectos Especiales, la Secretaría Particular, una Vocería de la Gubernatura, que sustituye a la Dirección de Comunicación Social, y una Coordinación Técnica, que anteriormente se denominaba Secretaría Técnica.
El dictamen, ajustado con propuestas de todas las bancadas, señala la creación de la Secretaría del Agua, en tanto la de Desarrollo Social ahora será del Bienestar, la de Desarrollo Urbano y Obra se denominará Desarrollo Urbano e Infraestructura y la del Medio Ambiente cambia a Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ahora se denominará Consejería Jurídica, mientras la de Educación se encargará del rubro deportivo y se denominará de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Ciencia y Tecnología (Comecyt) se integrará a esa dependencia.
También se fortalece a la Secretaría de la Contraloría estatal y el combate a la corrupción y se incorporan los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, la igualdad, inclusión y perspectiva de género.
La nueva norma impulsa la protección de la naturaleza, de los recursos naturales y una tenencia responsable de los animales, así como la regularización de la tenencia de la tierra.
Un nuevo sello
La nueva norma busca establecer el sello de un nuevo gobierno, con prioridad a la atención de grupos vulnerables y a las personas más pobres, pero además ser incluyente.
En la Secretaría del Bienestar prevén desarrollar esquemas de atención a la niñez desprotegida, a jóvenes, personas adultas mayores, a quienes tengan discapacidades, a migrantes, indígenas, personas en situación de calle, violentadas o en situación de vulnerabilidad.
De igual forma, simplificar trámites para el acceso de la población a los programas sociales, promover acciones para apoyar a todos los grupos vulnerables, a fin de que puedan acceder a mejores condiciones de vida y promover que los recursos se apliquen con cobertura de prioridad a municipios en zonas de atención prioritaria e inmediata.
Ajustes
Entre otras cosas, cambia la palabra gobernador por persona titular del Ejecutivo, establece el principio de igualdad de género para dependencias y organismos, se crea el Instituto del Deporte estatal, se señala la obligación de que los padrones de personas beneficiarias de programas sociales serán públicos y la Oficialía Mayor se encargará de todas las compras del Gobierno.
De manera general se amplían las facultades y atribuciones de las dependencias, se prevé implementar un programa permanente y continuo de mejora regulatoria, el gobierno digital y se establece como obligación efectuar acciones en materia de gestión integral de riesgos.
También se señala que los centros penitenciarios se administrarán bajo los principios de respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud, un registro de detenciones a cargo de la Secretaría de Seguridad, se precisa la obligación de establecer la policía de género del Estado de México.
También se consigna que la Secretaría del Trabajo deberá formular y ejecutar un Plan Estatal de Empleo, ayudar en lo concerniente a trabajadores migrantes para garantizar el respeto a sus derechos y el acceso a programas y políticas públicas e instrumentar acciones de capacitación.
En el caso de la Secretaría de Educación se prevé que deberá crear y mantener escuelas que dependan directamente del Gobierno del Estado, así como autorizar las que dependan de organismos descentralizados, desarrollar un sistema para la carrera de maestras y maestros, ofrecer becas además de académicas y deportivas, en materia científica y tecnológica.
De igual forma promover la transformación de guarderías y escuelas del sistema tradicional por turno, en instituciones de tiempo completo, según población objetivo, cuando lo permita la capacitación del personal, las condiciones presupuestales y la infraestructura física educativa y se prevén protocolos para prevenir y atender el acoso escolar y sexual.
La Secretaría del Campo por ejemplo también deberá fomentar y fortalecer el comercio justo, promover y difundir un banco de proyectos y mecanismos de financiamiento, el aseguramiento nacional e internacional de las actividades del sector rural.
También se consideran las declaratorias de áreas naturales protegidas, santuarios del agua, humedales, reservas privadas o comunitarias, reservas ecológicas, parques sin decreto.
La Secretaría de Desarrollo Económico deberá proponer políticas y programas con un enfoque en favor del medio ambiente y de la economía circular, políticas y estrategias para el desarrollo energético sustentable, promover la autonomía financiera y económica de las mujeres, el programa de mejora regulatoria.
La Contraloría además de recibir, dar curso y seguimiento a denuncias deberá requerir información a las dependencias, entidades, municipios, particulares y cuando proceda, imponer sanciones, mientras la Secretaría de la Mujer deberá gestionar y fortalecer la red estatal de refugios para atender a mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos.
INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ
FOTO: ESPECIAL
