*Ricardo Moreno

Más de 40 aspirantes se registraron en busca de convertirse en el o la Fiscal General del Estado de México, ante la separación repentina del cargo de Alejandro Gómez. No es casual que en la entidad más poblada del país y con los mayores índices de delincuencia del fuero común se hayan despertado tantas inquietudes para ocupar ese cargo.

Desde profesionales y profesionistas del derecho penal hasta ex magistrados y especialistas en inteligencia. Hijos del sistema e hijos de ex funcionarios públicos hicieron llegar sus documentos comprobatorios de los requisitos establecidos en la Constitución local y de los merecimientos derivados de su experiencia laboral. 

Este procedimiento implica el saneamiento público de las propuestas y permite que los nombres se sujeten al escrutinio público antes de la designación. El cargo de Fiscal General de Justicia es, sin duda, de suma importancia para la entidad. 

El modelo de justicia penal que tenemos requiere de la independencia, credibilidad y honorabilidad del fiscal. Requiere de una enorme capacidad administrativa y de mando en el que prevalezca la firme convicción de lograr resultados eficientes en la procuración de justicia y en los procesos litigiosos en los que interviene. 

Es decir, no basta que las personas tengan un amplio  conocimiento académico y penal; se requieren diversidad de cualidades, entre ellas las de manejo administrativo y la experiencia del litigio, para poder dirigir esa institución. 

Es incuestionable que una de las preocupaciones más sentidas de la población mexiquense es la inseguridad y una elevada percepción de impunidad. 

El gobierno del Estado de México, entendido en su integridad como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen una deuda pendiente con la ciudadanía: el cumplimiento de la cláusula esencial del pacto social: la seguridad.

El hombre ha cedido su libertad a cambio de que el estado provea de la seguridad necesaria para el desarrollo de sus actividades y para generar las bases mínimas para la convivencia social. 

El nombramiento que se hará de un fiscal por 9 años denota la responsabilidad de generar políticas públicas en esta materia que trasciendan la disputa partidista por el poder. Quien resulte designado Fiscal General habrá de convivir con tres gobernadores y con prioridades diversas. Ahí estará a prueba su autonomía de gestión y el profesionalismo en el cumplimiento de su labor. 

La enorme competencia por la gubernatura del Estado se yuxtapone con este nombramiento. La enorme posibilidad de que el PRI pierda el poder en las próximas elecciones no debe de llevar al absurdo de tratar de atrincherar a sus cuadros en la fiscalía; por el contrario, observo las propuestas y el resumen curricular de varios de las y los propuestos y puedo advertir en muchos de ellos cualidades y experiencia suficientes para incorporar a varios de ellos en las tareas  de la fiscalía. 

Hay mucha tela de donde cortar y creo que se debería aprovechar y reconfigurar la fiscalía con toda esa experiencia: amalgamar las distintas formaciones académicas y profesionales para lograr un cuerpo de fiscales y directores intachables y que se han sujetado al escrutinio público. No dejemos pasar esta oportunidad.