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EL TRAJE A LA MEDIDA EN EL OSFEM

La última reforma concretada por los diputados locales para permitir que ex representantes populares puedan llegar al Órgano Superior de Fiscalización mexiquense y deban tener experiencia en transparencia y fiscalización parece tener una dedicatoria clara para la diputada federal y ex comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez

Los cambios llevan dedicatoria para que Morena pueda tener un auditor superior confiable para ellos, pero también será necesario garantizar que su trabajo será imparcial, a fin de que no sea cuestionado por los otros grupos parlamentarios.

La pinza se cierra si se busca a abogados, contadores, economistas, administradores públicos o de empresas, con título y cédula profesional, con al menos cinco años de experiencia en su profesión y el filtro se vuelve más pequeño si se considera que deben tener experiencia de por lo menos cinco años en materia de transparencia o rendición de cuentas.

Miroslava Carrillo actualmente es diputada federal de Morena, pero no es militante de ese partido, aunque sí cercana a los principales líderes del Grupo de Acción Política (GAP); de hecho, cumple con todos los requisitos y su único obstáculo era ser legisladora federal, pero con la reforma aprobada en comisiones y en el pleno ya no tiene impedimentos para buscar la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, pues basta con que solicite licencia.

Es claro que Morena no ha tenido muchos políticos con funciones fiscalizadoras, pero sí de transparencia, como Miroslava Carrillo Martínez; por eso los diputados locales encabezados por Morena, PT y Encuentro Social hicieron cambios a la ley, a fin de permitir que ex diputados y ex senadores pudieran ocupar el cargo de auditor superior

Ella tiene el apoyo del grupo mayoritario y de mayor poder dentro de Morena: de Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte Olivares y del presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, aunque algunos morenistas no ven bien haber hecho “un traje a la medida”, ni apostar al “quítate tú, para ponerme yo”.

Su paso por la Legislatura mexiquense como asesora, como comisionada del Instituto de Transparencia, como consejera de Derechos Humanos y como diputada federal no han generado cuestionamientos a su imagen, pero evidentemente las críticas más fuertes radican en que es legisladora de Morena.

La llegada de una mujer al OSFEM sin duda sería una buena señal, pero la pregunta es si garantiza la imparcialidad que tanto ha exigido Morena.

OFICIO POLÍTICO EN EL PJEM

Hace un par de semanas Sergio Medina Peñaloza entregó la titularidad de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib) y en enero hará lo mismo con la presidencia del Poder Judicial mexiquense.

Habrá que ver cómo deja al TSJEM, pues si bien ha dado cuenta de varios logros, sobre todo en materia digital, las relaciones con el Poder Legislativo no son buenas, los roces han sido continuos, sobre todo por el tema de la austeridad.

Los puntos que han generado quiebres han sido los altos salarios de los altos mandos, que posicionan a los magistrados como los mejor pagados del estado de México, el presupuesto, que el Congreso disminuyó este año y el proceso para seleccionar a 10 nuevos magistrados.

Existen voces dentro del propio Poder Judicial que advierten falta de oficio político. Aun cuando están de acuerdo en defender su autonomía, saben que el Tribunal no se puede aislar, ni dejar de reconocer los límites y el sano equilibrio entre poderes.

Ese punto deberá pesar en la elección del nuevo titular, donde para algunos magistrados no será suficiente tener las mejores credenciales formativas; está vez también se requerirá oficio político y capacidad para relacionarse con los otros poderes: sin entreguismos, ni sumisión.

El Poder Judicial lamentablemente ha estado muy cerca del Ejecutivo, ha sido señalado, en otras administraciones, por permitir que le asignaran magistrados sin perfil, sin carrera judicial y sin exámenes de oposición.

Ahora ha dado una lucha que antes no dio: evitar el ingreso de externos, al parecer para evitar que llegue gente apoyada por el ex presidente de ese poder, José Castillo y por el Congreso morenista.

Antes de la llamada Cuarta Transformación el requisito principal era estar bien con el gobernador en turno, pero hoy ya no es suficiente, pues el Poder Legislativo es el contrapeso más fuerte en el Gobierno: puede ser un aliado o un adversario.

Los magistrados que votarán de forma “secreta” en enero al nuevo titular del Poder Judicial podrían ponderar ese punto: marcar una diferencia con un nuevo perfil conciliador que no esté supeditado, ni en confrontación con ninguno de los otros poderes.

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