Las ocho denuncias penales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), durante los años 2022, 2023 y 2024, por actos de corrupción se encuentran todavía en etapa de investigación inicial y no se ha determinado presuntos responsables ni se han puesto a consideración del Poder Judicial.
Estas denuncias fueron contra personas servidoras públicas de los ayuntamientos de Toluca, Ocuilan, Santo Tomás, Ecatepec, Lerma, la Secretaría de Desarrollo Urbano y personal del mismo OSFEM que incurrió en faltas sancionadas por el Código Penal de la entidad.
La más añeja es la que corresponde al municipio de Toluca, durante la gestión 2022- 2024, donde se busca castigar la revelación o comunicación de información reservada y posible abuso de autoridad.
De Lerma está un caso por falsificación de documentos, uso de objeto o documento falso, en 2023.
Los cinco casos restantes corresponden a faltas cometidas durante el 2024 una de ellas se relaciona con un ex servidor público del OSFEM, a quien acusaron de abuso de autoridad y a otro de robo y abuso de autoridad.

También hay uno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del gobierno del estado por falsificación de documentos, uso de objeto o documento falso y dos de los municipios de Santo Tomás y Ecatepec por falsificación de documento, a través del estampado de firma, falsificación de sellos y uso de objeto o documento falso en el primer caso y abuso de autoridad en el segundo.
El OSFEM informó que las investigaciones pueden iniciarse de oficio a partir de denuncias ciudadanas o institucionales, o como resultado de los hallazgos derivados de las auditorías practicadas.
Para ello llevan a cabo un análisis documental, visitas de verificación y cuando resulta necesario, buscan la colaboración con autoridades externas, como dependencias estatales, Órganos Internos de Control y gobiernos municipales.
Las investigaciones buscan inhibir el uso indebido de los recursos públicos, promoviendo la imposición de sanciones efectivas, protegiendo el interés público y previniendo la impunidad.
¿Cuáles son las faltas graves?
Se consideran como faltas administrativas graves para servidores públicos: el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de infusiones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, actuar bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Del lado de las y los particulares las faltas son: el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.
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