Infografía: Ignacio Hernández
El Gobierno mexiquense debe aclarar el uso de 14 mil 713 millones de pesos ejercidos durante el año 2019 por sus dependencias y los organismos auxiliares.
En la revisión al gasto del 2019 del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) hizo observaciones millonarias y detectó posibles daños al erario estatal.
La auditoría financiera arrojó que durante el 2019 en el Ejecutivo hubo irregularidades como: pagos no comprobados, ni justificados; falta de control presupuestal y contable, excedentes de nómina, pagos indebidos, salidas de efectivo sin justificación, e ingresos no depositados o cobrados.
En obra pública hubo anomalías en el costo de obras, importes pagados en trabajos que no corresponden a los ejecutados, contratación indebida de servicios, falta de documentación comprobatoria del gasto, pagos improcedentes o en exceso, e inoperabilidad de las obras.
El OSFEM hizo 156 solicitudes de aclaración, 46 pliegos de observaciones y 608 recomendaciones.
El total de observaciones resarcitorias fueron por 14 mil 713 millones de pesos.
El informe de la Cuenta Pública 2019 exhibe que en el ámbito estatal hicieron 521 observaciones en 42 auditorías financieras, de obra, de desempeño y de la revisión de la Cuenta Pública.
El órgano hizo 156 solicitudes de aclaración, presentó 46 pliegos de observaciones, donde presume daños al erario y 608 recomendaciones.
CAUSAS
En las auditorías financieras el 58 por ciento de las observaciones fueron por pagos sin comprobante, ni justificación, un 20 por ciento por falta de control presupuestal y contable, otro 10 por ciento por pagos excedentes de nómina, el 7 por ciento por pagos indebidos, un 3 por ciento por salidas en efectivo sin comprobante y un 2 por ciento por ingresos no depositados o cobrados.
En cuanto a las auditorías de obra el órgano hizo señalamientos por irregularidades en el costo de la obra en un 48% de los casos, 22% por no cobrar servicios de control, un 11% por trabajos que no corresponden con lo ejecutado, el 7% por la contratación indebida de servicios, otro 4% por falta de documentación para comprobar el gasto, ese mismo porcentaje por pagos improcedentes o en exceso, y por la inoperabilidad de las obras.
Las principales inconsistencias arrojadas por las auditorías de desempeño fueron: el 67% por ineficiencia e ineficacia en la ejecución de programas, el 24% por carencia de congruencia, otro 8% por la percepción negativa de los beneficiarios y un 1% por deficiencias de los mecanismos de control interno.
Las Promociones de Responsabilidad, es decir, donde los órganos internos de control deben investigar posibles responsabilidades se refieren a falta de transparencia; falta de control presupuestal y contable, de seguimiento, de procedimientos adquisitivos, de ingresos, integración de documentación comprobatoria, competencias profesionales; irregularidades en la ejecución y falta de congruencia en la información financiera.
Entre las recomendaciones al Gobierno destaca la necesidad de tener un mejor control interno, fortalecer los procesos de planeación, establecer lineamientos o políticas, actualizar las certificaciones de conocimientos y habilidades, publicar oportunamente manuales de organización y, o procedimientos.
También cumplir objetivos y metas de los programas y proyectos, elevar la cobertura y promover su adecuada focalización, tener una adecuada integración de los padrones de beneficiarios, implementar mecanismos de control y entregar la totalidad de bienes y servicios a la población objetivo.