La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, María Guadalupe Olivo Torres, aclaró que las y los integrantes del CPC no fijaron sus retribuciones de 153 y 175 mil pesos que tenían mensualmente y que año con año esos montos fueron avalados por el Comité Coordinador, hasta ahora que cuestionaron el monto y lo redujeron 40 por ciento.

Indicó que el pago no es sólo por sus honorarios, sino por los gastos que les genera la actividad, desde el pago de auxiliares e implementos para operar, hasta, en el caso de la presidencia, el pago de las transmisiones en zoom, la operación de la página, el personal para redes y hasta el papel que requieren para emitir algunos documentos.

Quienes forman parte del CPC no establecen relación laboral con el gobierno estatal, ni gozan de prestaciones ni vacaciones, tampoco tienen seguridad social, ni oficinas, recursos materiales, económicos ni humanos a su servicio, como si lo tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción, quien no les ha presado sus espacios para sesionar y por lo cual han recurrido al Colegio de Contadores Públicos.

María Guadalupe Olivo aseguró que esta reducción salarial no los hace sumisos al gobierno, con quien piensan trabajar en el combate a la corrupción, respetando la política de austeridad, dando resultados, hasta donde la ley y el Comité Coordinador se los permite, porque es ahí donde muchas veces se detienen diversos acuerdos.

Como presidenta del Comité tuvo que defender ante el Comité Coordinador la contraprestación de sus compañeros y compañeras, expuso, porque ella termina su gestión en octubre de este año, pero el resto se queda y deberá cumplir las mismas funciones con menos recursos.

En su caso,  dio a conocer que tuvo que prescindir de dos personas que la auxiliaban a su trabajo, pero ello no afectará de ninguna manera los resultados, porque va a cumplir cabalmente con lo que la ley mandata.

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