Las comisiones legislativas del Congreso mexiquense tienen ya 4 iniciativas de ley para castigar con mayor rigor y como un delito autónomo la violencia ácida, con la suma de una propuesta del PRD y la iniciativa ciudadana de la Fundación Carmen Sánchez MX y Sobrevivientes, a los dos planteamientos hechos por Morena.

Todas coinciden en aumentar las penas y castigar este ilícito de manera específica y no como una agravante de lesiones, por todo el daño que causa a la víctima y sus familiares; que haya atención integral, agravantes, se persiga de oficio y no opere el perdón.

Aunque esta semana termina el periodo ordinario de sesiones, las comisiones podrán seguir trabajando durante el receso y emitir un dictamen de las cuatro iniciativas, con el plus que entre ellas está una propuesta ciudadana, integrada por quienes han vivido la violencia química, conocen las carencias de la legislación actual y saben qué se necesita.

La iniciativa ciudadana

La iniciativa que presentó la fundación Carmen Sánchez considera una pena de 6 a 20 años de prisión y de 500 a 3 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, con la posibilidad de incrementarla en dos tercios cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, esté embarazada, el ataque se comete en la vía pública o si el agresor es persona servidora pública.

También pide que sea agravante cuando el ilícito sea cometido por dos o más personas; se causen cicatrices, mutilaciones, marcas o deformidad en el rostro, cuello, pecho o genitales; cuando haya pérdida total o parcial de las funciones anatómicas orgánicas y, o sensoriales, se cause discapacidad temporal o permanente y si existen razones de género.

Buscan considerar la hipótesis de tentativa de feminicidio y homicidio calificado en los casos donde se utilice ácido, sustancias químicas, líquidos a altas temperaturas, gases y agentes físicos.

Piden que se persiga de oficio, se amplíe la protección a grupos vulnerables, aumenten las multas y sanciones, y se prohíba cualquier tipo de beneficio judicial para las personas imputadas; además de contar con una ruta integral de atención, registros públicos, protocolos de actuación médica estandarizados y protocolos de investigación policial, ministerial, pericial y judicial a nivel local.

También considera incluir procedimientos estéticos como cirugías reconstructivas y tratamientos dermatológicos; que las víctimas y sus familias tengan acceso a tratamiento psicológico especializado, asistencia social, integral y mecanismos para el empleo digno y la formación educativa y profesional.

El planteamiento del PRD

La bancada del PRD propone penas de 20 a 40 años de prisión y de 800 a mil días multa, con la posibilidad de incrementar la pena hasta en una mitad cuando se actualicen agravantes, la conformación de instancias de procuración y administración de justicia especializadas y la creación de un registro de víctimas.

Considera el derecho a protocolos de salud especializados de por vida, incluyendo reconstrucción estética y apoyo psiquiátrico, atención urgente, tratamientos especializados, incluido el uso de productos cutáneos y oculares de última generación para neutralizar la sustancia.

Pide el Estado conforme fiscalías y tribunales especializados, con personal capacitado en perspectiva de género y violencia química, para evitar la revictimización o minimización del daño, y otorgar subsidios económicos y medidas que aseguren una vida digna de las hijas e hijos menores de edad de la víctima.

Las iniciativas de Morena

En comisiones se empezó analizar el tema a partir de dos iniciativas de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Por un lado, la diputada Zaira Zedillo Silva, plantea la necesidad de reparar el daño, incorporar medidas de protección; garantizar acciones inmediatas, rehabilitación física y psicológica y se tipifique el delito con penas de 8 a 20 años y si hay agravantes aumente.

La diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez planteó que la violencia química no sea sólo una conducta agravada, sino autónoma y se castigue con penas de 20 a 35 años de prisión a quien lesione manos, cara, cuello, y órganos sexuales, comprometa funciones vitales, cuando ocurra entre parientes o pareja sentimental, haya deformidad o destrucción total o parcial y se cometa contra grupos vulnerables.

Para los casos donde causen la muerte o el suicidio, la pena privativa de la libertad sería de hasta 65 años de prisión y en ningún caso procederá el perdón del ofendido para evitar el peso de la ley.

FOTOS: ESPECIALES Y CLAUDIA HIDALGO.