El gobierno del Estado de México planea crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como parte del Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombre y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México 2025-2029.
El proyecto está considerado entre las líneas de acción a corto, mediano y largo plazo, y estará a cargo de Consejería Jurídica, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.
Se pretende que el registro estatal se construya con datos desagregados por sexo, edad, origen étnico o nacional y cualquier otro necesario para la búsqueda o localización, y hacer frente al problema de desaparición en el Estado de México.
Este año, la entidad mexiquense se convirtió en el estado con más personas desaparecidas a nivel nacional, y desplazó a Jalisco, quien ocupó el primer lugar por más de cuatro años.
De las desapariciones reportadas en la entidad mexiquense en las últimas siete décadas, 14 mil 772 personas siguen sin ser encontradas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecida y no Localizadas, al corte del 21 de diciembre de 2025.
El 30 por ciento de los reportes corresponden, al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, que, durante su campaña política, se comprometió con las madres buscadoras a atender este problema.
Pese a ello, durante su primer año de gobierno, aumentaron las mujeres desaparecidas 84 por ciento en comparación con el último año de Alfredo del Mazo.
El Programa Integral contiene las acciones que, de forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias, los organismos auxiliares y los organismos autónomos del Estado.
Entre las líneas de acción, se contempla el fortalecimiento del banco de datos genéticos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Así como el intercambio de información con la Fiscalía General de la República y otras entidades federativas, para contribuir a la búsqueda e identificación de personas.
El programa integral también establece la creación de diagnósticos y estudios para dimensionar y caracterizar a las y los hijos de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición a fin de sustentar las acciones de reparación del daño y garantías de no repetición.
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