Durante los dos últimos meses hemos sido testigos de la publicación de diferentes acontecimientos de la vida de servidores públicos y dirigentes políticos que rayan entre la vida privada y el legítimo escrutinio de la sociedad. En este artículo se explicarán las razones por las que la intervención pública, con cierto margen, puede justificarse, pero también el límite que debe prevalecer.

Así fue como todas y todos nosotros nos enteramos de que Gerardo Fernández Noroña se convirtió en propietario de una residencia en Tepotzotlán. Residencia que se construyó en una zona ejidal sin uso de suelo habitacional, lo cual, aunque no es extraño en nuestro país, sí resulta irregular.

También supimos que el Secretario de Educación se hospedó en un hotel en Portugal. Que el Secretario General de Morena, hijo del expresidente de la república, Andrés Manuel López Beltrán, vacacionó en Japón. Que se hospedó en un hotel de lujo y que se fue de compras, con la asistencia de una persona que cargaba las bolsas.

De igual forma, conocimos de dos depósitos, por millones de pesos, a las cuentas del Coordinador de Morena en el Senado. Después se aclaró, fueron resultado de ser el notario público más competitivo en su natal Villahermosa. De refilón quedó claro que uno de esos depósitos provino de una empresa que recibió contratos de su gobierno, no de él, pero sí mientras fue gobernador.

El último de los acontecimientos ocurrió el fatídico sábado 27 de septiembre. Ese día, en la zona oriente de la Ciudad de México y del estado de México ocurrió una inusitada lluvia, con la consecuente inundación. En medio de la tormenta, un rayo, según se explica, dejó incomunicada a la torre de control del aeropuerto, lo que provocó retrasos en los despegues y en los aterrizajes.

En uno de los vuelos que no podían aterrizar, el periodista Marco Levario Turcott, en algo que él decía que era una entrevista, increpó al Secretario de Educación para pedirle explicaciones por lo que pasaba.

Analicemos lo ocurrido y partamos de un criterio generalizadamente sostenido: los servidores públicos están sujetos a un menor nivel de protección que favorece un mayor margen de exposición pública para responder y garantizar los derechos a la información y a la verdad. Lo que los relatores internacionales han acuñado al señalar que es legítimo y necesario “saber lo que los gobiernos hacen por sus pueblos”.

Desde luego que en los casos de los senadores Fernández Noroña y López Hernández es legítimo que la sociedad conozca y debata sobre su evolución patrimonial y que, ante las legítimas sospechas, respondan y expliquen lo que ha ocurrido.

Es necesario, en un debate democrático, valorar la consistencia entre el discurso político de austeridad y el comportamiento personal de los más altos funcionarios públicos, pero también de los principales dirigentes políticos.

En los primeros cuatro supuestos, soy de la opinión de que la condición de exposición pública de las personas funcionarias públicas y dirigentes políticos, así como el contenido mismo de la información y el debate que provocan sobre principios esenciales como la integridad, la coherencia y la consistencia política, perfectamente justifican la difusión de la información.

Pero eso no ocurre en el caso del acoso que sufrió Mario Delgado en el vuelo, por las siguientes razones:

• Primero, Mario Delgado, como cualquier persona trabajadora, tiene derecho a regresar a su hogar, en las condiciones de transporte disponibles.
• Segundo, los hechos ocurrieron un sábado por la tarde.
• Tercero, el tema de la entrevista, el retraso del vuelo y la opinión, correcta o equivocada, que se formulaba el periodista, en nada tienen que ver con la función pública del Secretario de Educación.
• Cuarto, dados los acontecimientos, el día, horario y lugar, el servidor público no podía contar con la información necesaria y oportuna para informar al periodista lo que estaba ocurriendo o para formularse una opinión relevante al respecto.

Y, lo más importante, el contexto de la supuesta entrevista ocurrió en un momento en el que al Secretario, fuera de su horario laboral, se le intentó entrevistar sobre algo ajeno a sus responsabilidades. En un momento en el que ejercía el merecido derecho que cualquier persona tiene a su descanso y en el que no podía disponer de información adecuada para atender la entrevista.

Sin dejar de apuntar, por último, como quedó registrado en la grabación, su clara negativa a consentir la entrevista.

Mario Delgado, el ciudadano, tiene derecho a ser dejado solo cuando toma un vuelo, al concluir su jornada de trabajo, un sábado por la tarde, de camino a su hogar, como cualquier otra persona. Tiene derecho a dormirse en el vuelo y a pedir que no se le entreviste por un asunto totalmente ajeno al conjunto de facultades, competencias o funciones relacionadas con la dependencia que dirige.

Es importante recordar que no solo los sujetos obligados, de carácter gubernamental, se encuentran vinculados a los deberes establecidos en la legislación, también los particulares tienen deberes.

Lo ocurrido, en el último caso, difícilmente se puede justificar en un Estado Constitucional Derecho y es necesario reiterar que los particulares y los periodistas están sujetos a un régimen de responsabilidades posteriores cuando el ejercicio periodístico se convierte en un evidente acto de acoso personal, como fue el caso de Mario Delgado.

El asunto se antoja para un importante litigio estratégico, no para llegar a la penosa conclusión del caso de Noroña y Carlos Velázquez, pero sí para establecer que todas las personas gozan de sus derechos humanos, los que deben protegerse y que, incluso, los servidores públicos, sujetos a un margen de protección disminuido, gozan de una mínima protección contenida en el núcleo del derecho que debe garantizarse frente al Estado, pero también frente a los particulares.