Va CPC por 5 recomendaciones

 Va CPC por 5 recomendaciones

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios aprobó cinco recomendaciones no vinculantes para prevenir más actos de corrupción por cohecho y abuso de autoridad, que los ayuntamientos cuenten con mecanismos para recibir denuncias, los entes municipales se interconecten a la Plataforma Digital Anticorrupción y se privilegie el lenguaje claro y sencillo.

Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad por las cinco personas que integran el Comité y serán presentadas en el seno del Comité Coordinador para su aval, donde no siempre logran pasar los planteamientos porque en este órgano sólo tienen uno de los siete votos.

En el CC están las y los titulares del Órgano Superior de Fiscalización, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Disciplina, el Instituto de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa y no siempre están a favor de los planteamientos ciudadanos.

Aunque son recomendaciones no vinculantes, es decir que la autoridad no está obligada a cumplirlas, el CC no siempre avala los acuerdos del CPC y tan sólo el año pasado le negó 10 recomendaciones que tenían como objetivo incidir en el combate a la corrupción en la entidad.

Abuso de autoridad

A propuesta de Karla Isabel Colín Maya, integrante del CPC, buscan recomendar la necesidad de prevenir el abuso de autoridad, como expresión de la corrupción, pues las cifras indican que, del último año, de agosto de 2024 a julio de 2025 se iniciaron 3 mil 139 carpetas de investigaciones por hechos vinculados a la corrupción, de los cuales 2003 fueron por el delito de abuso de autoridad. Además, se dictaron 85 sentencias penales, de las cuales 78 fueron por la misma falta.

“Nos damos cuenta que de manera particular es el hecho de corrupción que debería tener más atención en nuestra entidad, no porque los otros no sean importantes o no estemos atendiendo todos los hechos de corrupción, sino porque la misma estadística nos demuestra que es el que está teniendo mayor número de denuncias y sentencias” acotó.

Por ello se requiere que la Secretaría Técnica diseñe una política integral para la prevención social del abuso de autoridad, donde intervenga la ciudadanía, sector gobierno y el privado, para prevenir nuevas faltas.

Cohecho:

En el último año conocieron ocho sentencias por hechos de corrupción en contra de particulares por el delito de cohecho, por lo cual preocupa que el soborno siga presente en los servicios, donde posiblemente falte denunciar otros hechos más por falta de garantías para el denunciante y por el desconocimiento de que procede en estos casos.

De acuerdo con una encuesta de las Naciones Unidas a 138 países, incluido México, de entre 2015 y 2022 una de cada cinco personas declaró haber pagado un soborno a algún funcionario público en los últimos 12 meses para que hiciera algo indebido.

En este caso se busca que el Secretariado Técnico diseñe una política integral de cultura de la denuncia en materia de cohecho. Aquí no sería de prevención social sino de cultura de denuncia.

Sin conexión

En el tercer caso se busca que todos los sujetos obligados a conectarse con la Plataforma Digital Estatal lo hagan y suban su información, porque de 396 solicitudes de actualización a los entes públicos interconectados y se recibió respuesta sólo de 81.3 por ciento y en el apartado de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas sólo seis de los 551 están atendiendo sus obligaciones.

“Tenemos que 99 por ciento de entes públicos no están generando información para la Plataforma Digital Estatal, en materia de personas servidoras públicas que intervienen en contrataciones públicas” por lo cual resulta necesario invitarles a que atiendan este punto y se instruya la implementación de un mecanismo de vigilancia y verificación que garantice la interconexión y transferencia de información.

Mecanismo de denuncias

Óscar Bazán Alatorre, integrante del CPC, puso en evidencia que 106 municipios no cuentan con mecanismos para recibir denuncias de la población por posibles faltas administrativas o acciones vinculadas a la corrupción.

Esto, basado en una doble revisión a las páginas de internet, donde encontraron que cuatro municipios ni si quieran tienen sitio de internet, seis más no tienen su página disponible, y de los 115 sólo 19 cuentan con información para hacer denuncias, lo cual debería estar totalmente visible, con la posibilidad de hacerlo vía anónima.

A eso se suma que pocos ayuntamientos publican su directorio de servidores públicos, en 73 están disponibles los números, pero al marcar ya no existen, no contestan o se tardan mucho en hacerlo y en ningún caso se tuvo un número específico para hacer denuncias, cuando es una responsabilidad de la autoridad tener estos mecanismos para involucrar a la población en el combate a la corrupción.

Por el lenguaje claro

A propuesta de la presidenta del CPC, Claudia Margarita Hernández Flores, buscan recomendar una mejora en los procesos institucionales y normativos, mediante la implementación del uso del lenguaje claro en todos los documentos y comunicaciones del Sistema Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la comprensión plena de los actos de la autoridad.

La ley, acotó, ya establece que los sujetos obligados a transparentar su información están obligados a tener información de manera sencilla y en la medida de lo posible traducida a las principales lenguas indígenas que hay en la entidad, pero en la realidad esto no ocurre.

No se toma en cuenta que en la entidad existen al menos 350 mil personas que no saben leer ni escribir y quienes leen lo hacen, en promedio entre media hora y una hora, aunado a que sólo se ponen atención los primeros 20 minutos, el contexto se reduce más.

La realidad es que el uso del lenguaje es excesivamente técnico y jurídico, limitando la comprensión ciudadana y reduciendo el impacto de las acciones institucionales, lo cual genera una comprensión limitada, por barreras para el entendimiento ciudadano, vulnerando el derecho a la información.

FOTOS: ESPECIALES.

Claudia Hidalgo

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