En sólo un año el costo de la deuda que debe pagar el gobierno del Estado de México a la banca privada y de obras subió 62 por ciento, al pasar de 10 mil 326.5 a 16 mil 805.5 millones de pesos entre el 2024 y 2025.
De acuerdo con las programaciones presupuestales que ha hecho el gobierno estatal año con año el monto de las obligaciones que debe cubrir por la deuda varía, dependiendo de las condiciones del mercado y el plazo de cada crédito, por lo cual se busca blindar el escenario y si es posible hacer una nueva reestructura.
Para este 2025 se tiene considerado destinar del presupuesto estatal un monto de 16 mil 805.3 millones de pesos para el pago de las obligaciones derivadas de la deuda, cifra que se divide en 7 mil 413.2 millones de pesos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 mil 744.7 millones para amortización y 7 mil 647.2 millones de costo financiero.
En el comparativo con el 2024 el crecimiento de los montos es evidente, pues durante ese ejercicio se pagaron 10 mil 326.5 millones de pesos, de los cuales 2 mil 671.2 millones fueron para Adefas, 1 mil 151.5 millones para amortización y 6 mil 503.7 de costo financiero.
En 2021 se llevó a cabo una reestructura en la cual se amplió el plazo y se obtuvieron mejores tasas de interés, por lo cual durante ese año se logró bajar a 11 mil 272. 2 millones de pesos, cuando en el 2020 la cifra fue de 13 mil 209 millones.
Para el 2022 fueron 11 mil 967.9 millones, para el 2023 de 13 mil 580.3 y para el 2024 de 10 mil 326.5 millones, pero para el 2016 sube a 16 mil 805.3 millones de pesos.
Dos años sin deuda
Por segundo año consecutivo en el 2025 el gobierno estatal no tiene considerado pedir préstamos, con el fin de ir bajando el costo de la misma y para cubrir los riesgos de las tasas de intereses de los créditos que se han contratado en el pasado, para lo cual se tiene previsto la contratación de diversos instrumentos y la reestructura del Fideicomiso para la construcción de los penales.
El objetivo es que el débito sea sostenible y al cierre del 2025 sea acorde con los parámetros establecidos en la Ley de Disciplina Fiscal y el Código Financiero donde se establece que el monto no puede rebasar el 15 por ciento de los ingresos de libre disposición que tiene el gobierno estatal.
La autorización que obtuvo la administración estatal para la contratación de estos instrumentos asciende hasta 60 por ciento del saldo insoluto al 31 de diciembre del 2024 o 16 mil millones de pesos, siempre que no se rebase el sistema de alertas establecidas en la ley. Además, considera la reestructura de los 400 millones del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de los centros preventivos.
El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, indicó que están revisando cómo bajar el monto de la deuda y blindarse de variables externas, para que el pago de intereses no aumente de manera exponencial y eso afecte las finanzas estatales.
Si las condiciones lo permiten, indicó, van a hacer una reestructura, así como abonar más recursos y bajar el monto de la deuda, la cual actualmente asciende a 60 mil millones de pesos.
INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ
