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TOLUCA UNIDA

LOS EFECTOS DEL TARIFAZO

Después de las protestas ante la Legislatura local, por el incremento a la tarifa del transporte público en el Estado de México, nadie se ha hecho responsable en la Cámara de Diputados por la denuncia penal en contra de activistas, tras las pintas a la fachada y puertas del palacio legislativo.

A través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se supo que el área jurídica del Congreso local había presentado una denuncia; sin embargo en la Legislatura nadie acepta la autoría.

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios ha informado que desconoce la presentación de la denuncia; el grupo parlamentario de Morena se ha deslindado. El PT ha señalado que no sabe nada y el resto de las bancadas ha guardado silencio.

El tema tendrá que ser aclarado, pues sin duda hubo uno o varios responsables de que se presentara esa denuncia, y varios legisladores han pedido cuentas a Asuntos Parlamentarios para saber quién dio la orden de denunciar.

El tema de la protesta también ha dado lugar a que varios representantes populares consideren que ese tema ha sido utilizado para un manejo político, a fin de hacerlos ver como responsables del aumento a la tarifa, cuando la responsabilidad es del Ejecutivo, que en estos momentos, de acuerdo con la ley, es el único facultado para autorizar aumentos a la tarifa.

Los diputados han cuestionado a los integrantes del movimiento contra el llamado “tarifazo” por qué el día de las protestas ante la Legislatura no fueron también al palacio del Ejecutivo hacer los mismos reclamos y a tratar de pintar esa fachada.

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OPACIDAD FINANCIERA

Aun cuando en la última entrega de informes individualizados de la Cuenta Pública 2018 la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades financieras en la Legislatura mexiquense, sí detectó algunas fallas en la presentación de información como el presupuesto.

Sin embargo también exhibió que durante el 2018 -año del cambio en la Legislatura local- el gobierno mexiquense no informó al congreso la reestructura de 10 créditos por 7 mil 632 millones, ni de seis operaciones de refinanciamiento por 35 mil 700 millones de pesos de deuda pública.

La Auditoría Superior solicitó información a la Cámara de Diputados mexiquenses, pero el área de Administración de la Legislatura aseguró que no tenía datos porque la Secretaría de Finanzas estatal no se las había proporcionado.

Todavía en diciembre del 2019 la Secretaría de Administración del Congreso local pidió a Finanzas los datos sobre las operaciones financieras del 2018 del gobierno estatal y el registro en materia de deuda pública.

Entregar información al Congreso es una obligación del Ejecutivo y habrá que ver por qué a diciembre del 2019 la Cámara de Diputados no tenía datos sobre las operaciones financieras que se hicieron en 2018.

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LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las protestas por acoso y violencia de género han abierto un debate sobre la falta de acción por parte de las autoridades, pero también han evidenciado que el machismo y la misoginia por mucho tiempo fueron normalizadas en diferentes instancias como la propia Universidad Autónoma del Estado de México.

Las jóvenes han levantado la voz fuerte y claro tanto en facultades como en preparatorias donde han exhibido que varias denuncias previas fueron minimizadas.

El movimiento es también una oportunidad para sancionar esas conductas, para cambiar la actitud de muchos y muchas maestras, académicos, estudiantes; al tiempo de combatir la violencia y garantizar que no habrá impunidad, pero tampoco represalias contra quienes denuncien.

Las denuncias deben formalizarse no sólo en la UAEM sino también en el subsistema estatal, federal e incluso en el privado, donde las autoridades deben actuar para prevenir casos de acoso y reconocer que no están exentos de actitudes misóginas y machistas.

La diferencia es que en muchos espacios las mujeres no se han organizado y fortalecido para evidenciar juntas el tamaño del problema.

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EL TREN INTERURBANO: UNA CADENA DE FALLAS

La Auditoría Superior de la Federación nuevamente observó posibles daños al erario en las obras del Tren Interurbano México – Toluca realizadas en 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las conclusiones de la Auditoría son contundentes: además de los pagos indebidos no hubo planeación, no se previeron riesgos, ni conflictos sociales, no se liberaron terrenos y todo eso ha generado atrasos en la obra, encarecimientos y el riesgo de que en lugar de tener ganancias existan pérdidas para el gobierno al mantener infraestructura que no se usa.

De esa forma, si en el 2024 inicia operaciones el tren habría una pérdida superior a los 37 mil millones de pesos, pues aunque el gobierno de Peña anunció que el tren entraría en operaciones en 2019 no hizo lo suficiente para garantizar que así fuera y existen amparos, que mientras no se resuelvan, seguirán deteniendo las obras.

La herencia del gobierno anterior en ese tema ha sido un tren producto de la falta de planeación, con irregularidades, encarecido, y el cual, no tiene para cuándo ser concluido.

 

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