Al menos cinco Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) se encuentran en riesgo financiero alto y dos más en un nivel moderado, por los recortes presupuestales que sufrieron este año y la negativa de los poderes Ejecutivos y Legislativos de aumentarles los ingresos.

Con base en el Séptimo Informe de la Situación Presupuestal que Guardan los Organismos Locales, con fecha de corte al 15 de agosto de este año, el Estado de México es de las entidades privilegiadas, pues el déficit que registra no les genera problemas porque no hay proceso electoral y pudieron reducir su gasto operativo.

No pasa lo mismo con los organismos de la Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit donde tienen prendidos los focos rojos y los casos de Quintana Roo y Tamaulipas con luces amarillas por la falta de recursos, no sólo para cubrir el gasto operativo, sino para entregar el financiamiento público.

Bajaron las asignaciones presupuestales

En este informe el INE advierte que el retraso o falta de recursos afecta la ejecución de actividades de los organismos. Donde hay un riesgo alto el problema presupuestal tiene un impacto en la operatividad, respecto de las atribuciones propias de los organismos y en las de riesgo moderado, si persiste esta situación enfrentarán un impacto en la ejecución de sus tareas.

En total ubicaron a 20 entidades con déficit debido a una reducción presupuestal autorizada por los congresos de cada entidad, dónde los más afectados fueron: Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero y Nayarit, con montos superiores al 50 por ciento.

En el caso del Estado de México hubo una reducción presupuestal de 12.84 puntos porcentuales, entre lo solicitado por el organismo y lo que autorizó el Poder Legislativo. En este caso el déficit actual de recursos es de 14.28 por ciento.

Existen entidades con condiciones más graves, como el caso de Campeche, con un faltante superior a los 60 puntos porcentuales, al igual que Colima.

Buscan ampliaciones presupuestales

Derivado de esta situación, 19 entidades pidieron formalmente una ampliación de recursos para poder cumplir con sus atribuciones durante este año. Entre ellos está Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, a quienes ya les aprobaron cantidades similares o inferiores a las solicitadas formalmente.

Morelos lleva cuatro peticiones, de las cuales atendieron tres con montos inferiores, sólo está pendiente una. A Puebla le rechazaron una petición, pero le aceptaron otra con una asignación de 366 mil pesos del millón y medio requerido.

A quiénes les han rechazado las solicitudes es a: Campeche, en dos ocasiones; a la Ciudad de México en una, al igual que a Michoacán y a San Luis Potosí.

Las petitorias que se encuentran pendientes son las de Baja California  y Chiapas. A este último le autorizaron 18.1 millones, pero tienen pendiente otro requerimiento por 2.7 millones. Además están Nayarit, Nuevo León y Oaxaca así como uno de Zacatecas a quién le dieron el visto bueno en otro por 3.5 de los 14.7 millones que pidieron.

Del total de trámites 18 son para afrontar el gasto operativo, cinco para el programa electoral y seis las prerrogativas que se deben distribuir a los partidos políticos con registro en cada entidad.

Aunque el Estado de México cuenta con menos recursos de los que buscaba para este año no ha hecho ninguna petición al Ejecutivo o Legislativo para incrementar sus ingresos y desde el inicio del año llevó a cabo una adecuación de su programa de trabajo con base en los recursos que tienen, sin afectar el desarrollo del proceso electoral qué arranca hasta el siguiente año, ni las actividades preparatorias que deben programar este año.

Para este 2022 el Estado de México pidió poco más de 671.7 millones de pesos, pero solo le aprobaron 595.4 millones, lo cual representa una reducción de 86.12 millones de pesos qué significa 12.84 puntos porcentuales menos.

La lucha legal

Derivado de esta situación seis organismos han presentado un promedio de 24 impugnaciones ante los tribunales electorales locales así como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para tratar de revertir esta situación.

En algunos casos el órgano jurisdiccional ya ordenó al Legislativo incrementar el monto de recursos, en otros se desecharon las demandas porque las partes actoras carecían de legitimidad o bien el tribunal se declaró incompetente para conocer el asunto, aunado a qué en algunos casos se determinaron inoperantes los agravios o se sobreseyeron los juicios electorales.

Hay varios casos pendientes dónde se dio entrada a la inconformidad o se está en espera del acatamiento de la resolución por parte del Congreso local, para los casos donde se ordenó el incremento de recursos.

En 2021 les sobró dinero y hoy les falta

Nueve organismos redujeron el riesgo porque integraron a su presupuesto recursos adicionales, por economías generadas durante el ejercicio fiscal anterior, donde se encuentran los casos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit y Querétaro, con montos que van desde los 2 mil 384 hasta los 64 millones de pesos. En conjunto estos Oples sumaron 159.3 millones de pesos.

En esta ocasión el Estado de México no reportó remanentes, pero normalmente cada año cuenta con economías qué le permiten incrementar sus ingresos; sin embargo, el año pasado tuvo que llevar a cabo un proceso electoral extraordinario y ejercieron el sobrante.

Este año, para afrontar el déficit financiero, el Instituto Electoral del Estado de México hizo un recorte en su gasto operativo, el cual pasó de 585.4 a 575.7 millones de pesos. En tanto, el financiamiento público a partidos políticos que se estableció en la Ley de Ingresos aumentó debido a la actualización de la UMA por lo cual en lugar de entregarles 795 millones deberán distribuirles 804.6 millones de pesos. La diferencia de 9.6 millones fue cubierta con el recorte a los egresos directos del instituto electoral.

Independientemente del monto aprobado para cada organismo, en ocho entidades se quejan porque el gobierno de esas localidades les ha entregado ministraciones incompletas durante el año. Esto ocurre en los estados de Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.

INFOGRAFÍAS: INE

FOTO: ML