El paquete de iniciativas en materia de Transparencia que envió la titular del Ejecutivo al Congreso mexiquense busca homologar la legislación local con la nacional, lo cual implica retrasar las respuestas a las solicitudes de información que presente la población e incluso los recursos de revisión.

Los documentos que el Congreso local empezará a analizar este viernes por la tarde buscan modificar los plazos que tiene actualmente la legislación y en la práctica dar un mes y medio a los sujetos obligados para atender las peticiones y hasta dos meses para revisar las inconformidades de las personas a quienes les negaron o atendieron en forma parcial su petición.

El rango para atender las solicitudes pasaría de 15 días hábiles a 20, con la posibilidad de incrementar el plazo por temas excepcionales, de 7 a 10 días, lo que significa un total de 30 días hábiles, cuando la dinámica en la entidad era ya de 22 días.

Los tiempos para atender los recursos de revisión actualmente son de hasta 33 días, pues consideran tres días para que la presidencia del Instituto turne el recurso a una ponencia, siete días para que la comisionada o comisionado integren un expediente, tres días para que el recurrente manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca todo tipo de pruebas y alegatos, donde existe la posibilidad de una o más audiencias con las partes, y concluido el proceso se cierre la instrucción y pasa a la resolución que no puede exceder de los 20 días hábiles.

Ahora, en sintonía con la norma federal, se busca resolver el recurso de revisión en un margen de hasta 40 días a partir de la admisión y ampliar por una sola ese rango con 20 días más que serían 60 en total.

El comisionado Gustavo Parra Noriega consideró que esto es una consecuencia de seguir un solo modelo en el país que va en contra de lo que se había logrado en el Estado de México desde 2016, con plazos más cortos, a favor del ciudadano.

Consideró posible que el Congreso local puede ajustar esto durante el análisis, para hacerlo más favorable a la ciudadanía y se mantenga la progresividad de sus derechos, sin que el documento salga totalmente homologado a la Ley General.

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