Con 31 víctimas de feminicidio entre enero y agosto de 2026, un promedio de 102 llamadas diarias de auxilio por violencia contra mujeres y mil 687 mujeres desaparecidas durante la actual administración que permanecían sin localizar, el Estado de México enfrenta cuestionamientos sobre la eficacia de sus políticas de protección. Durante la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, ante la LXII Legislatura, diputadas de oposición señalaron que los recursos públicos y las acciones institucionales no han demostrado una reducción suficiente de los riesgos que enfrentan las mexiquenses. La entidad mantiene 11 municipios con alerta por feminicidio desde 2015 y siete con alerta por desaparición desde 2019, mecanismos cuya efectividad también fue puesta en duda.

La diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el apartado de igualdad de género del Tercer Informe de Gobierno, integrado por 22 páginas, no incluyera cifras específicas de feminicidios ni de mujeres desaparecidas. Advirtió que entre enero y agosto se acumularon 24 mil 860 llamadas al 911 por incidentes de violencia contra mujeres, mientras la Línea Sin Violencia identificó 2 mil 914 reportes con riesgo feminicida medio o alto, frente a 175 visitas domiciliarias de seguimiento. También señaló que, pese a las 168 mil 352 atenciones multidisciplinarias otorgadas a 27 mil 370 mujeres, únicamente se reportaron 370 carpetas de investigación y 142 órdenes de protección. La legisladora exigió conocer cuántas víctimas recibieron protección efectiva, cuántos agresores fueron sentenciados y si alguna mujer que solicitó ayuda posteriormente fue asesinada. Además, pidió una evaluación independiente de las alertas de género y mayor presupuesto para refugios y reparación del daño.

Desde el PAN, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez sostuvo que las cifras oficiales reflejan la gravedad de la violencia contra las mujeres, al señalar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en violencia familiar, lesiones dolosas contra mujeres y violación simple y equiparada, según los datos que presentó ante el pleno. Cuestionó qué ocurre después de que una mujer solicita auxilio y cuáles son los mecanismos para garantizar una respuesta inmediata. Por su parte, Leticia Mejía García, del PRI, advirtió que una reducción estadística de feminicidios no necesariamente representa una disminución de las muertes violentas de mujeres, por lo que solicitó indicadores más amplios y verificables. También pidió explicaciones sobre los criterios para construir una nueva sede de Ciudad Mujeres en Huehuetoca, en lugar de priorizar alguno de los municipios con alerta, y cuestionó los señalamientos de presunto acoso laboral y abuso de autoridad dentro de la propia Secretaría.

Millones para prevención y resultados bajo cuestionamiento

La secretaria informó que la dependencia dispone de 867 millones de pesos para 2026, mientras otros 260 millones fueron destinados a acciones relacionadas con las alertas de violencia de género. La diputada Ana Yuritzi Leyva Piñón, del PT, exigió transparentar el ejercicio de estos recursos y señaló que municipios beneficiados rechazaron publicar sus asignaciones y planes operativos.

Rodríguez Hernández reconoció que algunos ayuntamientos todavía no difunden esa información y precisó que tienen hasta el 30 de noviembre para comprobar el gasto. En tanto, el programa Caminemos Seguras reportó una inversión superior a 119 millones de pesos, destinada a rehabilitar 12 mil 498 metros de vialidades, instalar 977 luminarias, 12 botones de emergencia y 17 cámaras de videovigilancia. La diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó si estas intervenciones realmente redujeron las agresiones y pidió conocer los indicadores utilizados para medir su impacto.

La atención a víctimas indirectas también exhibió diferencias entre el número de apoyos y los mecanismos de reparación. Durante el periodo informado se destinaron 24 millones 659 mil pesos para apoyos alimentarios a mil 727 personas afectadas por feminicidio o desaparición, mientras el programa Valentina ejerció más de 25 millones 869 mil pesos para atender a mil 481 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Sin embargo, únicamente se otorgaron cinco compensaciones solidarias, por un monto conjunto de 2 millones 849 mil 380 pesos. Además, las legisladoras señalaron que la red de refugios albergó a 208 mujeres, cantidad que consideraron insuficiente frente a la población femenina de la entidad. La oposición solicitó conocer cuántas familias permanecen en espera de reparación y qué capacidad existe para resguardar a mujeres que enfrentan violencia extrema.

En respuesta, María Esther Rodríguez Hernández defendió los programas de atención y reportó 166 Operativos Violeta, 45 Centros LIBRE, 93 unidades UNIDAS y más de 60 mil atenciones en las tres sedes de Ciudad Mujeres. También destacó disminuciones reportadas de más de 43% en hostigamiento sexual, cerca de 49% en acoso sexual, 15.18% en violación y 8.75% en abuso sexual, sin precisar en su intervención los periodos utilizados para esas comparaciones. Reconoció que la violencia contra las mujeres continúa como un problema estructural y que se requieren mayores recursos, coordinación y evaluación. Sin embargo, las preguntas sobre feminicidios, desapariciones, sentencias, seguimiento a víctimas y efectividad de las alertas quedaron sin respuesta completa durante la sesión.

La Contraloría quiere más facultades

La secretaria de la Contraloría del gobierno mexiquense, Hilda Salazar Hill, también acudió al pleno del Congreso a comparecer con motivo del tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez y aprovecho para pedir al Poder Legislativo que le den “dientes” para lograr mejores resultados en sus tareas, control interno y combate a la corrupción.

“No contamos con dientes suficientes para poder sancionar faltas graves, solicito y pido que nos puedan apoyar con darnos esos dientes para dar mejores resultados” dijo durante su comparecencia en el pleno del Congreso mexiquense, por la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Sobre el tema de transparencia en el Estado de México, dijo que está atendiendo los plazos que le mandata la ley para garantizar el derecho al acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas.

Aseguró que las y los trabajadores serán liquidados como corresponde y aclaró que la transparencia no se ha detenido y en promedio están recibiendo 100 solicitudes diarias.

Ofreció una Contraloría de puertas abiertas e invitó al Congreso a establecer mesas de trabajo. Señaló que llevan 2 mil 438 personas sancionadas, de la cuales mil 365 fueron con amonestaciones; 470 con suspensiones temporales de hasta 30 días, 12 destituciones, 591 inhabilitaciones, en su mayoría de casos por incumplimiento de manifestaciones de bienes.

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