*El avance apenas es del 25%

 El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González advirtió que las obras de rehabilitación en más de mil 600 kilómetros de caminos de la región sur del Estado de México apenas llevan un avance promedio del 25 por ciento por dificultades de carácter técnico y social a las que se ha enfrentado la empresa constructora.

En 2019 la Legislatura mexiquense autorizó al Gobierno estatal a contratar, a través de una Asociación Público Privada (APP) a una empresa para rehabilitar 82 caminos y en febrero del 2021 iniciaron las obras, pero el propio Hernández González señaló en septiembre del año pasado que no había avance por presiones del crimen organizado.

 La empresa queretana VISE S.A de C.V. junto con Impulsora de Soluciones en Infraestructura, S.A. de C.V, ganaron el contrato para rehabilitar y mantener 82 caminos-carreteros de la zona sur del Estado de México durante un periodo de 12 años; el contrato involucra un monto económico, por dicho servicio, de más de 15 mil millones de pesos.

Maurilio Hernández reconoció que después de algunos exhortos del Congreso local a las autoridades ya hay avances en algunos caminos.

“Ya hay avances, van por tramos, no llevan un método lineal, van por tramos, son mil 600 kilómetros los que se habrán de rehabilitar, son caminos, carreteras interiores que están ubicados en 48 municipios, entonces hay municipios donde ya llevan tramos muy avanzados, otros apenas están avanzando, otros no han empezado, han tenido dificultades de carácter técnico y social”, detalló.

El también coordinador de Morena consideró que la parte más interesada en cumplir los términos del contrato, derivado de la licitación, debe ser el Poder Ejecutivo ya que en el 2023 concluye este gobierno, pero el avance es menor.

De acuerdo con los reportes a la Legislatura local, explicó que la empresa que ganó la licitación ha tenido dificultades para iniciar en la región del sur de la entidad con la contratación del personal, ya que una de las condiciones de los contratos es que de preferencia las obras se hagan con trabajadores de la zona para impulsar el empleo. 

Además, admitió que el manejo de materiales, insumos y equipos están sujetos a negociaciones con grupos que tienen el control en las regiones, lo cual, señaló, “es una realidad que enfrentan las empresas y el gobierno estatal; el resultado es que el avance andará en el orden del 20 o 25 por ciento”.

Maurilio Hernández precisó que al menos en el 50 por ciento de los municipios se realizan operaciones, y se cumplió en tiempo y forma el aspecto administrativo como parte de la figura de Asociación Público-Privada (APP), un mecanismo a través del cual la Legislatura en turno autoriza al gobierno estatal a celebrar contratos con alguna empresa que participa en las licitaciones emitidas, en este caso para el mantenimiento de vías de comunicación de la zona sur del territorio estatal.

Entre los lineamientos financieros bajo los cuales se acordó el contrato se estableció que la empresa aportará todos los recursos financieros para desarrollar la totalidad de los trabajos, y una vez que éstos concluyan la autoridad, es decir el Poder Ejecutivo estatal, tendrá la obligación de realizar el pago o contraprestación por el servicio otorgado.

Hernández González dijo que mediante ese esquema de APP, la inversión debe correr por cuenta de la empresa y al concluir el trabajo se realizará el pago.

Si las obras se entregan en dos o tres años, a partir de ese momento el gobierno paga la contraprestación, donde el Gobierno del Estado deberá pagar por ellas.

El compromiso de la empresa es dar mantenimiento y tener en excelentes condiciones los caminos, y en caso de no cumplir, hay una cláusula donde el gobierno puede dejar de pagar o incluso cancelar el contrato.