El Estado de México es la cuarta entidad con el mayor monto por aclarar en el gasto federalizado del ejercicio 2023, con un monto de 38.9 millones de pesos: el 8.5% del total. Los recursos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del año pasado, ejercidos principalmente por el anterior Gobierno, encabezado por Alfredo del Mazo.
De acuerdo con el informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023 en la primera entrega de la Auditoría Superior de la Federación, el monto general por aclarar es de 457.8 millones de pesos.
De esa cantidad la mayor parte corresponden a Guerrero con 148.8 millones, es decir el 32.5% del total; seguido de Veracruz con 73.3 millones que representan en 16%, en tercer lugar Chihuahua con 44.7 millones de pesos, lo que implica el 9.8% y en cuarto lugar el Estado de México.
Edomex
En el caso del Estado de México de acuerdo con la auditoría 911 que se realizó de forma presencial los 38.8 millones de pesos por aclarar se generaron por pagos en exceso realizados por el colegio de Educación profesional técnica del Estado de México (CONALEP) a personal docente entre enero y diciembre del 2023 sin que se proporcionará la autorización correspondiente.
El otro 1.5 millón de pesos observados fue por pagos a siete trabajadores de los que no se presentó la documentación para acreditar la preparación académica requerida para el puesto por el cual cobraron el año pasado.
Causas de observaciones
Los principales conceptos observados fueron la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto en el 63%, seguido del pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal con un 29.5%, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o no reintegrados a la tesorería en un 4.8% y otros con un 2.6%.
El FAETA, de acuerdo con el informe de la ASF, tiene como principal objetivo llegar a las entidades a fortalecer su presupuesto para prestar los servicios de calidad en educación tecnológica y para adultos y se destina principalmente al CONALEP y al INEA.
El informe da cuenta de que hubo reducciones a algunas entidades, entre ellas, el Estado de México por no suscribir los convenios establecidos en la ley de coordinación fiscal y se transfirieron al ramo general 33 para que se destinaran a esos estados cuando se suscribieran los convenios respectivos.
