El Grupo Parlamentario de Morena propuso hacer obligatoria la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, es decir, el #3de3 por la transparencia en aspirantes a buscar un cargo de elección popular en el Estado de México.

Esa petición ha sido una demanda constante de organizaciones como Transparencia Mexicana y el propio Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México hizo la petición al Congreso para saber quiénes son las y los candidatos a cargos de elección popular. 

La iniciativa de la diputada Carmen de la Rosa Mendoza busca reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y el Código Electoral del Estado de México.

Ahí refiere que desde 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como instrumentos de la rendición de cuentas las declaraciones de intereses y patrimoniales, para determinar cuándo los intereses de un servidor público pudieran entrar en conflicto con su función, así como documentar la integración de su patrimonio y su evolución.

La propuesta señala que de acuerdo con esa norma las entidades federativas deben homologar procedimientos en la lucha contra la corrupción, pues es una práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos, y cuesta entre el 5 y 10 por ciento del PIB.

En el Estado de México, el 30 de mayo de 2017 se emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, donde se establecen las obligaciones y procedimientos para la declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la constancia de declaración fiscal de todos los servidores públicos estatales y municipales y se contempla como sujetos obligados del cumplimiento de la ley a todas y cada una de las personas que prestan sus servicios en la administración pública, tanto del ámbito estatal, como municipal. 

En 2021, Transparencia Mexicana hizo la propuesta con el CPC, tras un grupo de trabajo con especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), los Órganos Garantes de los estados de la República, los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y especialistas de todo el país para revisar la información de las candidatas y los candidatos y elaborar propuestas concretas para los procesos electorales de 2022 y 2024.

De ahí surgió la idea de homologar la información que las y los candidatos deben tener disponible para consulta de los votantes, entre otras cosas la incorporación de las declaraciones patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento fiscal, las cuales servirían para que los ciudadanos ejerzan un voto informado.

La propuesta refiere que el Comité de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo Número 08 donde avaló que se analice reformar el marco legal en materia de transparencia y electoral con el propósito de incorporar las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal como requisito para ser candidata o candidato en el Estado de México.

Además de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, se considera incluir a funcionarios públicos que son designados por la Legislatura, a fin de evitar posibles hechos de corrupción, conflicto de intereses y ofrecer una mayor transparencia. 

La iniciativa fue presentada como propuesta por el Comité de Participaci ón Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la intención de prevenir posibles actos de corrupción como la obtención de financiamiento ilícito o la gestación de relaciones de complicidad a cambio de favores políticos.

El objetivo es que el siguiente año y en las elecciones del 2024 las y los aspirantes presenten su #3de3.