El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México instaló la Sala de Asuntos Indígenas, la cual se encargará de atender asuntos relacionados con los pueblos originarios, con pueblos migrantes y con la población afromexiquense.

Ese nuevo órgano contará con cinco magistradas y magistrados, quienes este jueves rindieron protesta.

El magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuéllar llamó a dar voz a las comunidades indígenas, a promover y proteger el interculturalismo jurídico, rescatar sus usos, costumbres y respetar sus tradiciones y la tutela de los derechos humanos.

“Es una cuestión de respeto cultural, y esto es lo que estamos promoviendo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: el respeto a nuestras tradiciones”.

Advirtió que deberán ser creativos e incluyentes, pues no hay comparación en ninguna otra entidad; por lo cual la responsabilidad que asumen las y los magistrados es alta.

Por su lado, el gobernador indígena Arnulfo Gómez Barrón destacó que fueron convocados a un foro para participar en las reformas legales y resaltó que fueron escuchados y esperan acceder a la justicia para que deje de ser una promesa incumplida.

A su vez, el presidente de la Sala, Hernán Mejía López señaló que la sala reconocerá los usos y costumbres cuando más les favorezcan a las personas y afirmó que de acuerdo con el inegi hay unas 400 mil personas de comunidades indígenas y unas 300 mil afromexiquenses.

Uno de los principios de las y los magistrados, añadió, será la integración sistémica, la dignidad humana, la protección de los derechos y garantías de los pueblos indígenas, a fin de superar la exclusión social, promover la paz, evitar los conflictos, y de haberlos, resolverlos de la forma más adecuada.

Las y los magistrados que integran la Sala son: María Ledit Becerril García, Érika Icela Castillo Vega, Mario Eduardo Navarro Cabral, Arturo Márquez González y el presidente Edgar Hernán Mejía López.

Sodi destacó que la iniciativa para la creación de la Sala de Asuntos Indígenas fue aprobada por unanimidad en la Legislatura local y publicada de inmediato por el Ejecutivo.