La mayoría de las dependencias, organismos, órganos, ayuntamientos y poderes del Estado de México están atrasados en el cumplimiento de la Ley para la Implementación de Energías Limpias y Renovables en la entidad e intentarán ponerse al corriente este año para no ser sujetas a sanciones administrativas.

De acuerdo con el programa que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico en la Gaceta de Gobierno, mil 221 edificios públicos buscarán llegar a un nivel de cumplimiento de 75 por ciento, como lo establece la norma en sus artículos transitorios, pero no proporcionan detalles de cómo será este cumplimiento y qué medidas específicas llevarán a cabo.

Esta es la primera vez que se dan a conocer las metas de cumplimiento que tienen previstas para este año, debido a que la ley establece que para el 31 de diciembre del 2024 al menos 25 por ciento de los edificios públicos debería estar alineado a este programa, para el 2025 la mitad, para este 2026 deben llegar al 75 por ciento y para el 31 de diciembre de 2027 la totalidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico reconoce que la transición energética no sólo representa una política ambiental sino una oportunidad económica para atraer inversión, generar empleo calificado y fortalecer la seguridad energética estatal.

Actualmente el Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en consumo de energía eléctrica, con un total de 16 mil 940 gigabytes durante el 2022, sólo es superado por Nuevo León. Este nivel de demanda refleja el dinamismo industrial comercial y residencial de la entidad, así como su papel estratégico dentro del sistema eléctrico nacional.

Obligaciones pendientes

La ley establece la obligación de los entes públicos de incorporar tecnologías renovables y eficiencia energética en sus instalaciones, conforme a sus condiciones técnicas y presupuestales.

Por ello las dependencias remitieron el registro actualizado de sus inmuebles y sus planes de trabajo anuales, documentos que constituyen la base técnica y administrativa para el seguimiento, evaluación y actualización del presente programa. conforme al cumplimiento gradual y paulatino que exigen los artículos transitorios.

El objetivo es fortalecer la autosuficiencia energética institucional, reducir los costos de facturación eléctrica, los recursos públicos y contribuir al cumplimiento de los compromisos estatales en materia de sustentabilidad, eficiencia energética y mitigación del cambio climático.

Excepciones

En la norma se establece la obligación de los entes públicos de incorporar tecnologías renovables y eficiencia energética en sus instalaciones conforme a sus condiciones técnicas y presupuestales. Existe un Consejo Estatal que tiene la facultad de aprobar la emisión y publicación del programa para la implementación, como un instrumento rector que orienta las acciones de planeación, coordinación y seguimiento en materia energética dentro del ámbito estatal y municipal, conforme a los principios de sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental.

De acuerdo con el programa 43 dependencias del Poder Ejecutivo, organismos, institutos tecnológicos y universidades, entre los cuales destacan la Universidad Autónoma del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia, se excusaron de cumplir la norma porque la ley las deja exentas de las obligaciones ambientales.

El artículo 17 de la ley exceptúa de esta implementación a los edificios destinados a centros penitenciarios o unidades administrativas que realicen funciones de seguridad pública, protección civil o cualquier otro servicio de emergencia, así como a los destinados a la prestación de servicios educativos y de salud pública, los que constituyen un patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural de la entidad, y los demás que por sus dimensiones o características técnicas no sean aptos.

También quedan fuera de la norma las Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el Colegio de Bachilleres del Estado de México, el Colegio de Educación Profesional Técnica, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, la Comisión Técnica del Agua, el Consejo de Investigación y Evaluación, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

¿Quiénes cumplirán?

El acuerdo refiere que el nivel de cumplimiento que esperan tener las dependencias del Poder Ejecutivo este año es de 75 por ciento, donde se incluyen 23 edificios públicos de la Oficialía Mayor, uno de la Agencia Digital del Estado de México, 20 de la Consejería Jurídica, tres de la Secretaría de Cultura y Turismo, tres de Desarrollo Económico, 39 de la Secretaría de Desarrollo Infraestructura, 26 de Finanzas, 38 de la Secretaría General de Gobierno, 6 de la Contraloría, 16 de la Secretaría de Mujeres, 25 de Movilidad, 25 de Bienestar, uno de la Secretaría del Campo, así como de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y 16 de la Secretaría del Trabajo.

El Poder Judicial también se compromete a tener un avance de 75 por ciento en 41 edificios públicos a finales de este año y el Poder Legislativo en sus siete edificios públicos.

En los organismos descentralizados están considerados los edificios del Centro de Conciliación laboral, el Centro de Control de Confianza, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, la Comisión del Agua, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, el Comité para el Desarrollo de Parques Industriales; el Fideicomiso de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos de Readaptación Social.

Esto además del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos; el Instituto de Formación e investigación Geográfica, Estadística y Catastral; el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, el Instituto de la Función Registral; el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, el Instituto Hacendario, el Instituto Mexiquense de Infraestructura, el Instituto Mexiquense la Juventud.

Y el Instituto Mexiquense de Vivienda Social, el Instituto del Emprendedor, la Junta de Asistencia Privada, la Junta de Caminos, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Protectora de Bosques, Servicios Educativos Integrados al Estado de México; el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Participarán sin estar obligadas, instituciones como el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, el de Chimalhuacán, el de Cuautitlán Izcalli, el de Ecatepec y el de Oriente.

De órganos autónomos participan el Instituto Electoral del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos, pero falta el Tribunal Electoral.

Hay 45 municipios sin metas

De los 125 municipios solo 80 tienen metas para este año, faltan: Aculco, Amanalco, Atenco, Capulhuac, Coacalco, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtapan del Oro, Jaltenco, Jiquipilco, Joquicingo, Juchitepec, Mexicaltzingo, Nextlalpan, Nopaltepec.

Además de Ocoyoacac, El Oro, Otzolotepec, Papalotla, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temascalapa, Temascaltepec, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tultitlán, Tultepec, Valle de Chalco Solidaridad, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Xalatlaco, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpango, de los cuales no hay indicios de cumplimiento.

FOTOS: ESPECIALES.