INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ
FOTO: DANIELA HIDALGO
El jueves 30 de noviembre la Legislatura mexiquense creó un nuevo impuesto en la entidad: cobrar el 4.5 por ciento a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, a propuesta de los diputados del Partido del Trabajo (PT).
La estimación prevista en la Ley de Ingresos del Estado de México es recibir 283 millones 271 mil 184 pesos durante el siguiente año; sin embargo etiquetaron 8 millones de pesos del total recaudado por ese impuesto a la prevención de adicciones.
El año pasado en Zacatecas se pretendió aprobar un impuesto similar, con el mismo porcentaje; sin embargo, al final las y los legisladores decidieron eliminarlo ante las protestas de los empresarios.
DEMASIADA CARGA IMPOSITIVA: EMPRESARIOS
El impuesto del 4.5 por ciento a la venta final de bebidas alcohólicas ha generado la molestia generalizada de empresarios de la industria de vinos y licores; así como de restaurantes y bares, mientras el diputado del PT, Carlos Sánchez defiende ese gravamen.
Los empresarios advierten que el nuevo gravamen alienta el mercado ilegal y existe la posibilidad de que se venda alcohol adulterado o robado, con lo cual, aseguran, también hay riesgos a la salud de los consumidores e incentivos a la evasión fiscal.
Esa industria asegura que entre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA pagan más del 77 por ciento de impuestos, pero además son víctimas de la inseguridad, que les causa graves pérdidas, así como el mercado informal. No descartan recurrir al amparo.
En contraste, el autor de la propuesta, Carlos Sánchez asegura que su objetivo es proteger a los jóvenes, pues la despenalización a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en el Estado de México, aprobada en octubre de 2017 por la mayoría de diputadas y diputados locales los pone en riesgo, y con ese nuevo impuesto espera que se inhiba el consumo.
