Pocos debates

No todas las y los candidatos a cargos en el Poder Judicial del Estado de México aprovecharon la oportunidad de participar en los debates que organiza el Instituto Electoral para que puedan exponer su perfil, diagnóstico y propuestas.

Sólo 186 de 398 solicitaron su organización, pese al corto alcance que están logrando a través de las redes sociales, donde siguen con limitaciones, sin poder llegar a público nuevo porque no tienen posibilidad de pautar.

Al final sólo habrá encuentros para 21 de los 91 cargos que se renuevan y muchas personas candidatas llegarán al primero de junio sin ser conocidas, ni reconocidas por sus méritos académicos, laborales, ni por su compromiso.

No era algo tan difícil. La mayoría de personas especializadas en Derecho están acostumbradas a exponer sus ideas con argumentos, a no perder la cordura, a hablar en público y en pocos casos tendrían riesgo que les sacaran a relucir un pasado poco ético o ineficaz. Ahora sólo podrán atenerse a las reglas del azar y que alguien por ahí elija su número como si fuera quiniela.

Comparecencia

La solicitud que hicieron algunos diputados para que el fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes, comparezca ante el Congreso mexiquense no es nada descabellada; incluso es justa y necesaria.

Es claro que ningún ente, por más autonomía que tenga se puede gobernar solo, sobre todo si sobrevive de recursos públicos, pues está obligado a rendir cuentas ante la representación popular.

Las cifras del tercer informe de labores de la Fiscalía pintaron un panorama muy favorable para la entidad, con reducción de delitos en varios rubros, pero esas cifras no se sienten por ningún lado y quizá sería conveniente pensar si en realidad hay menos comportamientos fuera del margen de la ley, o si la gente denuncia menos.

Esto último sería grave porque tendría que ver con falta de confianza en las autoridades, temor a denunciar a sus agresores, rechazo a la burocracia y a la tardanza en la integración de carpetas de investigación, la normalización de la delincuencia y a tratar de hacer justicia por mano propia.

Vale la pena que la autoridad explique más allá de las ciento de cuartillas, fotos y mapas que entregó, a partir de los grandes operativos que se han llevado a cabo en la entidad, cuáles son los resultados, donde más de una acción ha sido cuestionada.

La diputada Ana Yurixi Leyva del PT alertó que colectivas de familiares de personas desaparecidas no han sido escuchadas por el fiscal y denunció que a la síndico de San José del Rincón, quien tenía medidas de protección, le imputaron un supuesto secuestro exprés, aún cuando en todo momento estaba custodiada por elementos policiacos estatales y no se pudo acreditar el delito; por lo cual llamó a que José Luis Cervantes rinda cuentas.

También el legislador morenistas Octavio Martínez refirió que sigue la comisión de delitos, mientras la Fiscalía ha tenido acciones sin resultados como haber criminalizado barberías; por lo cual deberían exigir que el titular de ese órgano ofrezca resultados, y de no ser así, pedir su remoción.

Lo cierto es que Cervantes, pese a que desde su llegada -hace tres años- ofreció rendir cuentas y tener cercanía con los medios, los ha evitado.

Atrás quedaron las conferencias de prensa y las entrevistas. En la fiscalía hoy sólo se emiten comunicados.

Cuentas Públicas

El Gobierno del Estado de México entregó la cuenta pública del primer año de Gobierno completo de la mandataria estatal, Delfina Gómez Álvarez, las de órganos autónomos y organismos auxiliares.

En marzo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) recibió las cuentas de los 125 ayuntamientos y organismos municipales.

Los informes de las revisiones que realizará el OSFEM deberán entregarse a más tardar el 15 de noviembre.

Sin duda habrá gran interés por conocer las cuentas de diversos entes, entre ellas del Issemym, donde siguen las quejas de falta de equipo y medicamentos; de los programas sociales que en los últimos años han sido observados por el OSFEM.

También de entes autónomos, como la UAEMex, en el último año completo de la actual gestión; del Instituto de Transparencia que está por cambiar su naturaleza jurídica, incluso del Tribunal de Justicia Administrativa, donde hubo poca claridad de los recursos que en diciembre del 2023 supuestamente alguien intentó sustraer y se habrían recuperado en 2024.

En el caso de los ayuntamientos también hay especial interés por ser el último año de las anteriores administraciones.

Con los informes de las cuentas públicas se podrá conocer si hubo irregularidades, como algunas y algunos ediles han señalado, y un tema prioritario: qué tan endeudados dejaron a los ayuntamientos las y los ex ediles.

De igual forma, en los ámbitos estatal y municipal se conocerá si las y los servidores públicos se ajustaron a los salarios que tienen establecidos en los tabuladores y si aplicaron programas de contención del gasto.