CUSAEM intocable
Desde hace años se ha evidenciado la falta de claridad jurídica en los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México, mejor conocidos como CUSAEM, y hasta ahora nadie ha hecho algo para transparentar lo que algunas personas han denominado “caja chica” del gobierno estatal, que no sólo a nivel estatal, sino también nacional, ha obtenido millonarios contratos.
En el Estado de México, el gobierno de Alfredo del Mazo destinó un contrato por 510 millones de pesos en 2022 y en 2020 otro por 440 millones para contratar sus servicios.
Seguramente existe otro similar de este año que heredó a la actual administración, pues los elementos siguen vigilando diversos inmuebles públicos.
Recientemente, el consejero Jurídico del GEM, Jesús George Zamora, informó que la gobernadora instruyó a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas e incluso al ISSEMyM a definir su estatus jurídico.
Al ISSEMyM le adeuda más de 5 mil 500 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones que por años al gobierno no le interesó cobrar.
En congruencia con una de las banderas de lucha que tanto han promovido Morena y otros partidos se espera que la titular del Poder Ejecutivo resuelva este galimatías, para que se aclare si es una empresa privada o pública, rinda cuentas, pague impuestos, y de paso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dé a conocer los resultados de la investigación que hicieron por probables actos ilegales.
Las anteriores administraciones estatales ofrecieron transparentar y regular esos cuerpos de seguridad, pero todo quedó en palabras pues lo dejaron en el limbo jurídico.
Cheques en la UAEMex
La UAEMéx está obligada a dar seguimiento a los asuntos de quienes participaron en la alteración de cheques para cobrar cantidades mucho más altas de las que fueron autorizadas inicialmente.
No bastará con que se regrese el dinero. Las investigaciones deben ir hasta el fondo para determinar quiénes participaron en la elaboración y cobro de esos documentos.
El Órgano Interno de Control está obligado a seguir con las denuncias que presentó el titular Victorino Barrios, quien en breve podría dejar el cargo para incorporarse al Gobierno estatal, pero su posible salida no debe ser pretexto para dejar en el olvido las investigaciones que inició y las c derivaron en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
También deberán seguirse las investigaciones iniciadas por indemnizaciones otorgadas a personas servidoras públicas de la Universidad por concepto de “riesgo psicosocial” y en las cuales no se involucra al rector, pero sí a otros y otras funcionarias de alto nivel.
La máxima casa de estudios tiene muchas necesidades y podría usar los recursos millonarios, que se fueron en cheques alterados, y en posibles bonos disfrazados de indemnizaciones, para becas.
La universidad debería transparentar a quiénes se entregaron esos apoyos y la justificación para hacerlo, pues hubo quienes recibieron hasta 200 mil pesos, y otros a quienes apenas les dieron mil pesos.
Candidaturas al Senado
Uno de los cargos públicos de elección popular más peleados por las y los políticos de todo el país, después de la presidencia de la República y las gubernaturas es alcanzar un escaño en el Senado de la República, donde las los representantes duran seis años, en los cuales bien pueden ir tejiendo otros caminos.
Sin embargo, sólo se registran dos fórmulas por partido en cada entidad y una lista de 32 para las asignaciones de representación proporcional, donde lo importante son las primeras posiciones para asegurarles el ingreso.
En Morena hay varias figuras que buscan este espacio, entre ellos el diputado federal Arturo Hernández Tapia, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, y el actual senador Higinio Martínez Miranda, quien ha sido mencionado con insistencia como aspirante a reelegirse en la Cámara Alta.
Jóvenes y participación
Es claro que no solo las autoridades electorales, sino los partidos y quienes tendrán alguna candidatura necesitan pensar más en el electorado joven, en quienes tienen de 18 a 20 años de edad y hacerles una propuesta atractiva para que se acerquen a las urnas.
Las cifras son contundentes: cuatro de cada 10 personas que pueden votar son jóvenes, pero de ellas sólo participa un 40 por ciento y muchas veces es sólo para estrenar su credencial, porque luego se alejan.
La juventud podría definir las elecciones del siguiente año, pero hasta ahora no se ha logrado que aumente su participación; por lo cual es necesario enfocarse en ese sector para que entienda la importancia de los cargos que estarán en juego el siguiente año, la labor que realiza cada representante y la necesidad de que decidan participar, y posteriormente, exigir a quienes hayan ganado cumplir con lo ofrecido en campaña.
