Lo que no entendemos nos confunde, frustra y excluye. Por eso, tendemos a evitarlo, rechazarlo o despreciarlo.

Cuando queremos comprender un tema que no dominamos, necesitamos explicaciones accesibles, claras y veraces. Así ejercemos nuestro Derecho a Entender.

Un dato lo confirma: casi el 29 % de las consultas a inteligencias artificiales como Gemini o ChatGPT están relacionadas con la “tutoría y guía práctica” o la “simplificación de conceptos complejos”. Es decir, tres de cada diez personas que usan la IA utilizan frases como: “explícamelo como si fuera niño” o “no entiendo el tema, dame una síntesis corta”. (The Impact of Large Language Models on Information Processing and Knowledge Democratization, OPEN IA).

Sin embargo, la IA no es una solución universal, pues no todo el mundo tiene acceso a ella ni toda la información está en sus bases de datos. Por tanto, la comunicación debe ser clara desde el origen, tanto en el ámbito público como en el privado, con formatos accesibles e información veraz.

Según el informe The World in 2030 de la UNESCO, la complejidad y la falta de transparencia en los mensajes oficiales generan desconfianza. Como consecuencia, se frena la acción colectiva ante problemas como el cambio climático o las pandemias. “No se le entiende al político, mejor no participo”.

Además, existe un problema mayor: la desinformación. A menudo, se expande con estrategias deliberadas que difunden mentiras o medias verdades, lo que confunde a la ciudadanía y le impide distinguir la información falsa de la verdadera. De este modo, la falta de claridad en las comunicaciones nos excluye del debate público. “No sé quien dice la verdad, mejor hablemos de otra cosa”.

¿Qué es el Derecho a Entender?

El catedrático español Juli Ponce Solé explica en el libro “El Derecho a Entender. La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía” que el derecho de los ciudadanos a tener buenos gobiernos “incluye también la obligación de los gobiernos y las administraciones a actuar diligentemente para hacerse entender y el correlativo derecho del ciudadano a entender la información que le transmite la Administración de cualquier modo y mediante cualquier soporte”.

Por tanto, reconocer el Derecho a Entender obliga al Estado a crear una política de comunicación clara y accesible para la ciudadanía. De este modo, la comunicación deja de ser un instrumento técnico jurídico, propagandístico o publicitario para convertirse en una herramienta que facilita la comprensión de las personas. Se trata de una nueva cultura que puede entenderse como la “democratización de la comprensión”. Si la información es poder, la comprensión es libertad: “Lo entiendo, ahora actúo y participo”.

Una persona que entiende la información que recibe gana la confianza necesaria para seguir aprendiendo. En este contexto, la comunicación clara es la herramienta principal para desarrollar estrategias que involucren a distintos sectores: poderes públicos, instituciones educativas, sociedad civil, empresas, centros de investigación, comunidades indígenas y poblaciones vulnerables. El objetivo es que se cumpla la siguiente premisa: “Las normas, contratos, trámites, informes técnicos, científicos, académicos, etc., son claras, entendibles y accesibles”.

Por todo esto, es un hecho digno de celebración la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de México, que busca reformar el artículo quinto de la Constitución estatal para reconocer el Derecho a Entender.

Con esta medida, la entidad mexiquense se posiciona a la vanguardia en derechos humanos. El Derecho a Entender requiere una comunicación clara e impacta en el entendimiento social. Mi reconocimiento y gratitud a la diputada Ruth Salinas de Movimiento Ciudadano por escuchar y apoyar esta propuesta.