“En una democracia, para poder elegir a las personas adecuadas que nos representarán, es necesario contar con información que nos permita decidir libremente.”

El pasado 10 de septiembre de 2026 inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Con ello comenzó una nueva etapa para la vida democrática de nuestro país, que habrá de conducirnos hasta la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, cuando millones de mexicanas y mexicanos acudiremos nuevamente a las urnas.

Cada proceso electoral representa mucho más que una sucesión de fechas, campañas y candidaturas. Es una oportunidad para observar, escuchar, comparar y decidir. Por eso, desde su inicio, la ciudadanía debe asumir un papel activo. La democracia no puede reducirse al momento de depositar una boleta en la urna; también se construye durante los meses previos, cuando nos informamos, analizamos propuestas, conocemos trayectorias y formamos nuestra propia opinión.

Pero algo ha cambiado profundamente en la manera en que hacemos todo eso.

Durante muchos años, las campañas electorales tuvieron espacios perfectamente identificables: plazas públicas, mítines, periódicos, radio y televisión. Hoy una parte importante de la competencia política se desarrolla en un espacio mucho más cercano y, al mismo tiempo, más difícil de observar: la pantalla de nuestro teléfono celular.

Ahí recibimos noticias, opiniones, encuestas, videos, fotografías, mensajes de candidaturas y partidos, publicidad política y contenidos compartidos por familiares, amistades o personas que ni siquiera conocemos. Y muchas veces lo hacemos sin preguntarnos quién produjo esa información, quién pagó para que llegara hasta nosotros o por qué apareció precisamente en nuestra pantalla.

Las redes sociales ampliaron las posibilidades de comunicación y participación política. Han permitido que cualquier persona pueda expresar una opinión, cuestionar una decisión pública, conocer acontecimientos casi en tiempo real y participar en conversaciones que antes estaban reservadas a unos cuantos espacios. Esa apertura constituye, sin duda, una oportunidad democrática.

El problema comienza cuando esa misma capacidad tecnológica se utiliza para desinformar, manipular o distorsionar la realidad.

Hoy es posible modificar una fotografía, alterar una voz o construir un video que haga parecer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió. La inteligencia artificial ha llevado estas posibilidades a un nivel que hace pocos años parecía impensable. Al mismo tiempo, las cuentas automatizadas pueden multiplicar determinados mensajes y la publicidad digital puede dirigirse a públicos específicos con una precisión cada vez mayor.

El propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido estos desafíos. Entre los asuntos que ha identificado frente al actual proceso se encuentran la inteligencia artificial, la desinformación y la opacidad de la propaganda digital. También ha señalado que trabaja en mecanismos para mejorar el monitoreo de la propaganda en redes sociales e identificar pautas publicitarias con fines electorales que, en su caso, puedan incorporarse a la fiscalización de las campañas.

Y aquí aparece una pregunta que no podemos eludir: ¿Nuestras reglas electorales avanzan a la misma velocidad que la tecnología? No existe una respuesta sencilla.

Regular en exceso la comunicación digital puede afectar libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión. Pero ignorar lo que sucede en las plataformas digitales también puede generar espacios de opacidad difíciles de conciliar con principios esenciales de una contienda democrática, como la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

El desafío, por tanto, no consiste en controlar las redes sociales ni en decidir desde las instituciones qué puede pensar o expresar la ciudadanía. Consiste en encontrar mecanismos que permitan saber, por ejemplo, cuándo estamos frente a propaganda política pagada, quién la financia, cuál es su alcance y cuándo una imagen, un audio o un video han sido creados o modificados mediante inteligencia artificial de tal manera que puedan confundirse con un hecho real.

De hecho, el INE ya recomendó transparentar el uso de inteligencia artificial cuando se emplee para generar o modificar contenidos que puedan confundirse con hechos o declaraciones reales. También ha planteado que la verificación y la transparencia son elementos relevantes para proteger la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Sin embargo, sería un error pensar que toda la responsabilidad corresponde a las autoridades electorales.

También los partidos políticos y quienes aspiren a representarnos tendrán una responsabilidad importante. La competencia electoral puede ser intensa, crítica y profundamente contrastante sin recurrir al engaño. Ganar una elección mediante la manipulación de la información puede producir una ventaja momentánea, pero difícilmente contribuye a construir confianza democrática.

Las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen igualmente un papel relevante. Y, finalmente, estamos nosotros: la ciudadanía.

Quizá ahí se encuentre uno de los grandes retos de este proceso electoral.

Durante mucho tiempo pensamos que estar informados significaba tener acceso a mucha información. Hoy sabemos que no necesariamente es así. Podemos recibir cientos de mensajes todos los días y, paradójicamente, estar peor informados si no somos capaces de distinguir entre un hecho comprobable, una opinión, una propaganda y un contenido deliberadamente manipulado.

Por eso, en este proceso electoral tendremos que incorporar un hábito democrático que cada vez resulta más necesario: detenernos antes de compartir.

¿Quién publica la información? ¿Existe otra fuente que la confirme? ¿El video está completo o fue editado? ¿La imagen corresponde realmente al hecho que pretende mostrar? ¿Estamos frente a información o simplemente frente a un mensaje diseñado para provocar enojo, miedo o rechazo?

No se trata de vivir desconfiando de todo. Se trata de aprender a mirar con mayor cuidado.

La velocidad es una de las características de nuestro tiempo, pero la democracia necesita algo que muchas veces parece contrario a ella: unos minutos para pensar.

Antes de compartir una noticia, podemos verificarla. Antes de aceptar como verdadero un video, podemos buscar su origen. Antes de formar una opinión sobre una candidatura, podemos conocer su trayectoria y contrastar sus propuestas. Y antes de votar, podemos preguntarnos cuánto de nuestra decisión nació de información comprobada y cuánto fue producto de aquello que un algoritmo decidió mostrarnos repetidamente. Porque los algoritmos pueden organizar lo que vemos, pero no deben sustituir nuestra capacidad de decidir.

Ese es quizá el aprendizaje que esta nueva realidad tecnológica debe dejarnos. La democracia del siglo XXI seguirá necesitando instituciones fuertes, autoridades imparciales, partidos políticos responsables y reglas capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero necesitará, cada vez más, ciudadanas y ciudadanos capaces de ejercer una mirada crítica frente a la enorme cantidad de información que reciben.

La próxima elección no se disputará únicamente en las plazas, los debates o los espacios tradicionales de campaña. Una parte importante de ella llegará directamente a nuestros teléfonos. Ahí también tendremos que defender la libertad de nuestro voto.

No permitiendo que alguien decida por nosotros, pero tampoco dejando que una imagen falsa, un video manipulado, una cuenta automatizada o una información que nunca verificamos termine influyendo silenciosamente en nuestra decisión.

La tecnología seguirá avanzando. Las formas de hacer política también cambiarán. Y seguramente las normas electorales tendrán que continuar adaptándose a realidades que hoy apenas comenzamos a comprender.

Pero existe algo que ninguna tecnología debería reemplazar: la conciencia de una ciudadanía que observa, cuestiona, verifica y decide por sí misma.

Porque frente a una pantalla podemos ser espectadores, usuarios o consumidores de información; frente a la democracia, debemos seguir siendo ciudadanos.