“La grandeza de una institución democrática no se mide solamente por los años de su existencia, sino por su capacidad de preservar la confianza ciudadana, defender su independencia y mantenerse fiel a los principios que le dieron origen.”

En octubre del año en curso, se cumplen 36 años de un acontecimiento que transformó la vida democrática de México. El 11 de octubre de 1990 quedó formalmente constituido el Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del actual Instituto Nacional Electoral (INE), como resultado de una larga búsqueda por garantizar elecciones confiables y fortalecer los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Su nacimiento abrió un camino hacia una democracia en la que la voluntad ciudadana pudiera expresarse libremente y ser respetada. La autonomía alcanzada en 1996 y su transformación en INE, mediante la reforma constitucional de 2014, consolidaron una evolución institucional que, entre avances y dificultades, ha permitido desarrollar capacidades técnicas, profesionales y operativas de enorme valor para México.

Sin embargo, hoy merece destacarse una convicción fundamental: el INE no pertenece al gobierno, a los partidos políticos, a grupos de poder, a intereses particulares ni a quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo; tampoco pertenece a otras instituciones autónomas. El INE es una institución del Estado mexicano cuya razón de ser es servir a toda la ciudadanía. Este principio debe orientar cada una de sus decisiones.

Su fortaleza no radica exclusivamente en su diseño constitucional, sino también en el conocimiento acumulado por generaciones de mujeres y hombres que han contribuido a organizar elecciones con profesionalismo. Merecen especial reconocimiento tanto el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional como quienes desempeñan funciones técnicas, administrativas y operativas, cuya experiencia y capacidad han permitido sostener tareas de enorme complejidad.

Este aniversario llega en un momento que exige reflexionar sobre la responsabilidad de dirigir una institución de esta naturaleza. Los recientes cuestionamientos públicos relacionados con contrataciones, presuntos conflictos de interés y el ejercicio de recursos institucionales, que han motivado investigaciones de las autoridades competentes, deben esclarecerse con objetividad, transparencia y pleno respeto al debido proceso. Ante situaciones que requieren pleno esclarecimiento y que pueden afectar la confianza pública, defender al INE no significa justificar cualquier actuación de quienes lo dirigen; significa exigir que todas sus decisiones puedan sostenerse frente a la ley y al escrutinio ciudadano.

Aquí surge una cuestión fundamental: ¿qué características deben reunir las personas a quienes se les confían las decisiones más importantes del Instituto?

La experiencia, la preparación académica, la capacidad técnica y la actualización permanente son indispensables. Sin embargo, existe una condición que debe acompañarlas: la integridad y la independencia frente a cualquier interés ajeno al servicio público.

Esto implica prevenir intereses económicos que puedan traducirse en beneficios indebidos, contrataciones irregulares, desvío de recursos o aprovechamiento del cargo, así como intereses políticos que conviertan los nombramientos en intercambios de favores, compromisos personales o recompensas por lealtades.

La corrupción no necesariamente se manifiesta mediante la entrega de dinero. También puede presentarse cuando un espacio institucional se utiliza como moneda de cambio, se favorece a personas por su cercanía con quienes deciden o las oportunidades dejan de responder al mérito y se subordinan a intereses particulares. Ninguna de estas prácticas debe encontrar cabida en una institución cuya obligación es actuar con imparcialidad.

Por ello, resulta necesario fortalecer los mecanismos de selección y designación, particularmente en los cargos de alta dirección. Además de acreditar conocimientos y experiencia; podrían incorporarse evaluaciones independientes de integridad, verificaciones rigurosas de posibles conflictos de interés, revisión de vínculos profesionales y económicos relevantes, entrevistas públicas estructuradas y procedimientos de valoración objetivos y verificables. Todo ello con respeto a los derechos de las personas, la protección de sus datos y la presunción de inocencia, para garantizar que las responsabilidades recaigan en quienes acrediten las mejores condiciones para desempeñarlas.

Igualmente, resulta indispensable fortalecer las decisiones colegiadas. Un órgano colegiado sólido debe constituirse en un verdadero espacio de deliberación, análisis y contrapeso institucional, no limitarse a respaldar las determinaciones de quien lo preside. Sus integrantes deben ejercer sus atribuciones con independencia de criterio, expresar sus posiciones y votar conforme al marco jurídico aplicable. Cuando una decisión se adopta colegiadamente, quienes la respaldan también asumen la responsabilidad que corresponda por su participación, aun cuando la propuesta provenga de quien preside. Guardar silencio ante decisiones cuestionables o aprobarlas sin el debido análisis puede debilitar la función colegiada y favorecer concentraciones indebidas de poder. La colegialidad exige responsabilidad, no solamente acompañamiento; deliberación, no subordinación. De ahí la importancia de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia institucional.

Nadie debería llegar a un cargo dentro del INE por deber favores, ni permanecer en él para satisfacer intereses particulares. Su compromiso debe estar exclusivamente con la Constitución, la ley, los principios democráticos y la ciudadanía.

Esta exigencia adquiere especial relevancia cuando México se encuentra inmerso en el Proceso Electoral Federal 2026-2027. La organización de los comicios requiere instituciones sólidas, decisiones confiables y autoridades capaces de transmitir certeza a todas las fuerzas políticas y, especialmente, a quienes ejercerán su derecho al voto. La confianza ciudadana se construye durante años, pero puede debilitarse cuando las actuaciones institucionales generan dudas que no reciben respuestas claras.

A sus 36 años, el INE merece mucho más que una felicitación. Merece que reconozcamos su historia, valoremos a quienes lo han fortalecido y asumamos el compromiso de protegerlo de cualquier práctica que pueda apartarlo de su misión constitucional. Esta responsabilidad corresponde también a las instituciones públicas, los partidos políticos, las instituciones educativas y de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y, de manera fundamental, a cada ciudadana y ciudadano.

Cuidar al INE no significa permanecer en silencio ante sus dificultades; significa contribuir a que las supere, se perfeccione y conserve la confianza que México necesita depositar en su autoridad electoral.

El INE trasciende su función de organizar elecciones: constituye uno de los pilares de la estabilidad política, la paz social y la convivencia democrática de México. Su credibilidad contribuye a que los resultados electorales sean reconocidos y las diferencias políticas encuentren cauces institucionales. Preservar su independencia significa salvaguardar los avances de nuestro modelo democrático y refrendar la contribución de México al desarrollo de la democracia en el ámbito internacional.

Que este aniversario nos recuerde que las instituciones democráticas no son patrimonio de quienes las encabezan, sino una responsabilidad compartida entre generaciones.

México merece una autoridad electoral independiente, profesional, íntegra y cercana a su ciudadanía, referente de certeza, legalidad y confianza dentro y fuera de nuestras fronteras.

Todas y todos queremos lo mejor para nuestro país. Y para lograrlo necesitamos un México cada vez más fuerte, sostenido por instituciones confiables, una democracia sólida y la participación responsable de toda su ciudadanía.

Porque proteger al INE es proteger nuestra democracia; y fortalecer nuestra democracia es construir el México que todas y todos merecemos.