La Diputación Permanente citó a las, los y le diputade para que acudan este 15 de enero al primer periodo extraordinario de este año, para votar los tres dictámenes de seguridad que deriven de las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; una iniciativa en torno al delito de extorsión y una propuesta del Grupo Parlamentario del PRI para perseguir de oficio el “derecho de piso”.
La presidenta de la Permanente Marta Azucena Camacho Reynoso detalló que los puntos a abordar en esta ocasión son cinco, cuatro temas de la titular del Poder Ejecutivo y una del PRI, que favorecen el tema de seguridad, una de las demandas más sentidas de la población.
Para ello este martes y miércoles sesionarán quienes integran las comisiones de la Declaratorias de Alerta contra las Mujeres por feminicidio y desaparición; la de Seguridad Pública y Tránsito; la de Procuración y Administración de Justicia; Gobernación y Puntos Constitucionales con el fin de emitir los dictámenes correspondientes.
En la iniciativa para hacer ajustes a la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley de Seguridad y el Código Civil de la entidad, se busca que las autoridades mexiquenses tengan acceso a la Plataforma Única de Identidad con datos biométricos, vinculados a la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Esto es para agilizar la identificación humana y reducir los tiempos de búsqueda; poder activar una Alerta Nacional de Búsqueda que tenga mayor eficiencia; fortalecer la Fiscalía de Justicia y que todos los entes, públicos o particulares proporcionen los datos biométricos que tengan, para la localización de las personas.
La propuesta para ajustar diversas disposiciones de la Constitución es en materia de seguridad y coordinación interinstitucional y la tercera para actualizar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y la Ley Orgánica de la Administración Pública, en materia de seguridad pública.
Se incluye la iniciativa que se presentó este lunes, donde la mandataria estatal plantea la necesidad de derogar el delito de extorsión del Código Penal estatal y ajustarse a las medidas implementadas a nivel federal para combatir este ilícito, para lo cual pone a consideración del pleno crear una Ley estatal.
Esto, además de crear un Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados; establecer una estrategia estatal para combatir la extorsión en todas sus modalidades; crear y operar la Fiscalía Central Especializada en Combate a estos delitos; colocar inhibidores de llamadas celulares en todos los centros penitenciarios de la entidad y contar con un Centro de Atención de Denuncias.
El planteamiento priísta busca que exista una fiscalía especializada para combatir la extorsión en su modalidad de “cobro de derecho de piso” y medidas a nivel municipal para inhibir esta conducta, así como perseguir de oficio estos delitos.
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