La propuesta de Paquete Fiscal para el siguiente año contempla ajustes al ISSEMyM para preservar su equilibrio financiero y garantizar su viabilidad a largo plazo sin incrementar la cuotas y aportaciones, a partir de aumentar el número de cotizantes en activo, con el aumento gradual de la edad de jubilación.

La propuesta plantea que quienes entren a laborar y coticen en el ISSEMyM en el 2027 podrán solicitar su jubilación cuando cumplan 63 años y 17 años en el servicio, no 62 años como ocurre actualmente; quienes empiecen a laborar en el 2028, deberán esperar a tener 64 años y quienes lo hagan en el 2029, 65 años.

Se incorpora una edad de jubilación ordinaria incrementada de manera gradual, con el propósito de ajustar el sistema al nuevo escenario demográfico, al prolongado incremento de la esperanza de vida, al envejecimiento progresivo de la población servidora pública y a la recíproca disminución de la proporción de trabajadores activos frente a pensionados.

La pensión por jubilación sería cuando acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 65 años. La pensión de retiro por edad y tiempo de servicio se concederá a las personas servidoras públicas que habiendo cumplido 65 años acrediten ante el Instituto haber laborado cuando menos 17 años y haber cubierto las cuotas correspondientes de ese periodo.

La persona servidora pública que se separe del servicio antes de cumplir los 65 años y haya cubierto cuotas al Instituto por un mínimo de 17 años, podrá reservarse el derecho a que se le otorgue la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio que le corresponde al cumplir 65 años.

La pensión por retiro en edad avanzada se otorgará a las personas servidoras públicas que se separen del servicio por cualquier causa habiendo cumplido 70 años y cotizado por un mínimo de 15 años al Instituto.

La reforma busca fortalecer la estructura normativa, administrativa y financiera del Instituto, debido a que los sistemas de pensiones estatales y municipales enfrentan graves problemas financieros estructurales, por lo cual algunos estados como el mexiquense se han visto en la necesidad de otorgar subsidios a su sistema de pensiones, lo cual incide en el equilibrio de sus finanzas, debido a que la mayoría funciona bajo un esquema de reparto.

Para enfrentar este problema algunos estados han emprendido reformas principalmente mediante un sistema mixto de beneficio definido en cuentas individuales. Se ha dado un incremento sostenido de la población pensionada.

También se actualizan las disposiciones normativas en materia del cobro de créditos fiscales que tiene derecho a percibir el Instituto por concepto de aportaciones y cuotas de seguridad social.

Se incorpora la habilitación de una plataforma electrónica para consultar los periodos cotizados; se armonizan los procedimientos relativos a las solicitudes de pensión

Se reconoce que el Estado de México enfrenta un cambio demográfico caracterizado por el incremento sostenido de la esperanza de vida y el acelerado crecimiento del universo de pensiones y pensionistas, donde la esperanza de vida es de 72.3 años para los hombres y 78.6 para las mujeres.

140 mil jubilados para el 2030

La propuesta aclara que la medida no es retroactiva, sino que se aplica a partir del 2027, de manera gradual para evitar que otra vez crezca muy rápido el número de pensionados y pensionistas que había en el 2000 con sólo 14 mil 298, pero en 2023 ya eran 75 mil 916 y para septiembre de este año 95 mil 530 y a este ritmo la proyección para el 2030 es de 140 mil personas jubiladas.

“Esta reforma representa una medida de adaptación responsable progresiva y equitativa que protege los regímenes de seguridad social frente a los retos demográficos del siglo, salvaguardando simultáneamente los derechos consolidados de las personas servidoras públicas y sus familias.

“Las reformas tendrán el carácter de gradual y no retroactivo en congruencia con un principio de seguridad jurídica. Los ajustes se aplicarán sólo hacia el futuro y de manera progresiva, respetando plenamente los derechos adquiridos por las personas servidoras públicas que ya cumplieron los requisitos para acceder a una pensión bajo un régimen vigente. Esta gradualidad únicamente busca garantizar una transición ordenada que permita al Instituto adaptarse a los cambios demográficos y financieros, sin afectar la estabilidad económica de las familias beneficiarias” indica el documento.

FOTOS: ESPECIALES Y ML.