El Estado de México se podría convertir en la quinta entidad del país que elimine de su legislación el derecho al fuero que tienen varios funcionarios y funcionarias, por considerar que esta figura se ha desvirtuado y actualmente sólo es percibida como un privilegio que divide a la población entre ciudadanía de primera y de segunda.

A propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, ninguna persona servidora pública, sin importar el nivel, podrá gozar de privilegios que contravengan el principio de igualdad ante la ley, pero en el caso de las y los diputados seguirán conservando su derecho a la libertad de expresión, sobre todo cuando están en el pleno.

En los estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Baja California se eliminó esta figura y de aprobarse en el Congreso mexiquense, esta sería la quinta entidad en alinearse a las demandas de la actualidad, donde toda la gente tenga el mismo peso ante la ley.

La iniciativa que fue turnada a comisiones aclara que las y los legisladores nunca podrán ser reconvenidos ni enjuiciados por las opiniones, expresiones, votos y actuaciones legislativas emitidas en el ejercicio de su encargo.

Pero sí deja claro que las diputadas y los diputados de la Legislatura estatal, las personas magistradas y jueces del Poder Judicial, las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, las y los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Justicia, las personas integrantes de los órganos superiores de los organismos autónomos, las autoridades municipales y cualquier otra persona servidora pública de la entidad o de los municipios son responsables de los delitos y faltas en que incurran durante el ejercicio de su encargo.

El legislador pidió se incluya en la Constitución que ninguna ley podrá otorgarles inmunidades o fueros procesales en ninguna materia jurídica a las y los servidores públicos, por lo cual podrán ser investigadas, imputadas y procesadas directamente ante los tribunales competentes, como cualquier otra persona en la entidad.

Y será la presidencia de la Legislatura y de la Diputación Permanente quien velará por la inviolabilidad del recinto legislativo y por el respeto a la libertad de expresión y voto de sus integrantes.

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