Lejos de pedir la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales del país (OPLES), el clamor es que se fortalezcan y en cambio se revise el tema del financiamiento público a los partidos, la asignación de espacios de representación proporcional, se fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas de los institutos políticos.

Durante la audiencia pública en Toluca, especialistas abordaron las principales preocupaciones en torno al tema electoral y manifestaron la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, la representación de las minorías, apoyarse en las tecnologías y consolidar la justicia electoral desde lo local.

En la entidad se presentaron 18 ponencias con temas relacionados con el financiamiento y fiscalización de gastos de campaña, necesidad de tribunales electorales de los estados, autonomía electoral, autoridades electorales, democracia y justicia, propuestas para un modelo ciudadano de elección de personas juzgadoras, entre otros.

A la fecha se han presentado en todo el país 267 propuestas y ya sólo faltan 13 eventos para que se cierre la consulta y se integre el proyecto final que dará paso a la reforma electoral que impactará en todas las entidades y en las elecciones del 2027.

A favor de los Oples

El ex consejero electoral Juan Carlos Villarreal Martínez planteó la necesidad de transformar al INE en un órgano rector nacional normativo y coordinador, trasladando la organización operativa de todos los procesos electorales a los organismos electorales de los estados.

Con esto, dijo, se evita la duplicidad de funciones, estructuras costosas y una compleja coordinación entre el INE y los 32 OPLES, pues mantener los aparatos operativos completos representan una carga financiera que puede y debe ser optimizada y es evidente que los órganos locales son más eficientes que la estructura federal.

“El INE se consolidaría como la máxima autoridad normativa coordinada y fiscalizadora, garantizando la homogeneidad y legalidad en los 32 estados, los OPLES se convertirían en los operadores únicos en su territorio, con lo cual se generan tres beneficios; ahorro de recurso, fortaleza del federalismo y una más fuerte democracia”.

La presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, advirtió que la centralización excesiva genera cuellos de botella y resta capacidad de respuesta a escenarios de contingencia permanentes, por lo cual propuso repensar el marco de competencias y mejorar la coordinación entre los distintos niveles.

El presidente de la comisión de Asuntos Electorales en el Congreso local, Samuel Ríos, señaló que los institutos locales garantizan la democracia y fortalecerlos es mejor porque poseen un conocimiento focalizado que no se puede sustituir.

La investigadora Leticia Heras señaló que los organismos locales se han hecho cargo con dedicación y compromiso de acercar al ciudadano a la participación, donde lejos de debilitarlos es necesario otorgarles un presupuesto fijo que se incremente en razón del padrón electoral, pues las tareas crecen y la cultura cívica es un trabajo de todos los días.

En un sentido similar, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, considera necesario mantener y fortalecer a los tribunales electorales locales como parte indispensable del andamiaje democrático mexicano, pues sin ellos colapsaría la capacidad de respuesta y pondría en riesgo la regularidad de las transmisiones del poder a nivel municipal y estatal.

Esto no significa que el modelo esté exento de mejoras para consolidarlo, resulta necesario un blindaje efectivo de la autonomía presupuestal y de gestión con reglas que impidan recortes discrecionales o capturas administrativas; profesionalización continua; transparencia proactiva, entre otros aspectos.

Nereida Berenice Ávalos Vázquez también se manifestó a favor de que se fortalezca a las autoridades locales, pues los tribunales locales atienden las dos terceras partes de los asuntos y la mayoría son confirmados por las salas.

Menos gastos

Una de las preocupaciones fue cómo hacer procesos menos costosos. La investigadora Leticia Heras sostuvo que es una demanda general reducir el presupuesto porque la ciudadanía tiene ya conocimiento, información e incluso preferencia por algún partido político, los partidos políticos pueden hacer uso extensivo de las redes sociales cuyo costo es mucho mejor y en tiempos no electorales se puede otorgar recursos sólo para actividades básicas.

El diputado local, Samuel Ríos, dijo que el dinero destinado a las elecciones no corresponde a lo que se requiere, por lo cual es imperativo establecer una fórmula de financiamiento público que sea más eficiente, racional y se considere modificar la fórmula para que reduzca el financiamiento público, pues debe ser suficiente pero no excesivo.

Mauricio Valdés Rodríguez, ex presidente del Instituto de Administración Pública (IAPEM) señaló que en los últimos años se ha entregado cantidades multimillonarias a los partidos, sin grandes resultados, por lo cual lo destinado a actividades específicas podría irse a organizaciones políticas que fomenten la participación y generen cuadros.

Y para reducir el costo de los partidos se deberían explotar el autofinanciamiento a través de cuotas de afiliación y membresías, donaciones individuales, apoyo empresarial o institucional, eventos de recaudación y contribuciones de especie y financiamiento colectivo, siempre y cuando en todos los casos se garantice la transparencia y crear una Contraloría Ciudadana para combatir la opacidad electoral y de los partidos políticos.

El ex titular de fiscalización en el Instituto Electoral, Hernán Mejía López, se manifestó por la transparencia y rendición de cuentas, donde todo sea realmente verificable y eso no se puede lograr dejando todas las facultades en el INE, porque no logra revisar todo lo que ocurre en las entidades.

La presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, apuntó que México necesita una reforma que combine austeridad con eficiencia, sin dejar de lado la certeza, el pilar fundamental del sistema electoral.

Otras preocupaciones

El alcalde de Toluca y ex representante de Morena en el IEEM, Ricardo Moreno Bastida, pidió una nueva fórmula de asignación de espacios eliminando la sobre y sub representación, haciendo que los resultados electorales sean más congruentes con la voluntad ciudadana, donde se presente participación de las minorías, porque la representación proporcional es el reflejo de la diversidad de voces de la sociedad.

Mauricio Valdéz consideró necesario evitar el “chapulineo” y cuando un candidato electo decida, ya estando en funciones cambiar de partido por interés personales, debería renunciar al cargo para dejar a su suplente.

El ex presidente de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, planteó modificar la integración de los senadores de lista y disminuir la integración de la cámara alta del Congreso a 96 escaños, garantizando igualitaria representación de cada entidad federativa y modificar la integración de los diputados de representación proporcional para quedar en 100 espacios con un nuevo modelo de asignación.

El diputado Samuel Ríos enfatizó que la figura de representación proporcional vital, pero su forma de asignación ha sido distorsionada y permite que personas que no compitieron accedan al Congreso por la vía plurinominal, cuando estos espacios deben ser solamente para quienes salieron a campaña y fueron votados.

La ex consejera electoral, Palmira Tapia Palacios, consideró que la CURP biométrica puede sustituir la credencial del INE y evitar doble gasto.

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