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INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ

En un hecho inédito, el pleno de la Legislatura mexiquense “desaprobó” los informes de fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2017 del gobierno estatal e instancias municipales por considerar que subsisten dudas en el manejo de los recursos públicos estatales y federales del pasado ejercicio fiscal y quieren que se investiguen a fondo.

Las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), deberán revisar de nueva cuenta los informes de esas cuentas y presentar un dictamen, a más tardar en el siguiente periodo de sesiones, con mayor precisión de observaciones a todas las áreas del gobierno estatal y ayuntamientos.

Los 12 diputados del PRI pidieron avalar los dictámenes por considerar que se hizo una amplia revisión y un correcto ejercicio de recursos. La diputada Mercedes Colín Guadarrama aseguró que no tienen miedo a una segunda revisión, sino molestia porque no se sostuvo el sentido del voto en comisiones. El PVEM también votó a favor, aunque no hizo pronunciamientos.

Al final, los 18 integrantes de las bancadas del PAN, PRD y PT se abstuvieron, argumentando falta de elementos y solo Morena y Encuentro Social votaron en contra, pero con eso fue suficiente para dejar en duda el manejo de los recursos públicos del año pasado.

La decisión de no aprobar los informes de las cuentas no tiene implicaciones legales, pero sí elimina el plazo de cuatro meses que habían aprobado los diputados en comisiones para que instancias estatales y municipales solventen los cerca de 4 mil millones de pesos de observaciones resarcitorias.

Los argumentos para que los 43 legisladores de Morena y del PES rechazaran los informes fueron: poco tiempo para hacer la revisión, observaciones por 810 millones de pesos al gobierno estatal.

De los 97 programas evaluados. 38 tuvieron mal desempeño al no cumplir sus propias metas, no ejercer todos los recursos o no comprobar su ejercicio. En términos porcentuales 2.1 por ciento tuvo un índice de desempeño “Crítico”, 10.3 por ciento de “Pésimo”, 27.8 por ciento “Regular” y el 59.8 por ciento “Muy bueno”.

En el programa de Investigación Científica las autoridades no dictaminaron a tiempo el 46.3 por ciento de las solicitudes de apoyo; en Promoción Turística apenas realizaron una de las 25 obras programadas; en Deuda Pública plantearon un estudio para el refinanciamiento de la deuda, que no se hizo y en Modernización de la Infraestructura para Transporte Terrestre hicieron la mitad de los estudios y proyectos programados para vialidades primarias.

A continuación, se muestra el detalle de las calificaciones de cada programa:

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AYUNTAMIENTOS AMPLIAMENTE SEÑALADOS

Los municipios mexiquenses registraron observaciones importantes, entre ellas: desviar recursos de los fondos federales, al destinarlos a gasto corriente a pesar de estar etiquetados; falta de documentos para comprobar gastos y obras pagadas, pero no ejecutadas como se autorizaron.

En 15 ayuntamientos se concentra el 59.51 por ciento del monto total observado a las entidades municipales, donde destaca Chimalhuacán como el más señalado, con 54 observaciones resarcitorias por 410 millones 349 mil 860 pesos.

En segundo lugar, está el ayuntamiento de Ecatepec con 332 millones 910 mil 390; en tercero, Cuautitlán Izcalli con 287 millones 195 mil 840 pesos por el incorrecto ejercicio de los recursos públicos durante 2017.

La cuarta posición es para la capital toluqueña con 100 millones 884 mil 510 pesos, seguido de Ixtapaluca con 98 millones 785 mil y Nicolás Romero 98 millones 178 mil 830 pesos.

Pese a que las actuales administraciones están por concluir, los ediles salientes deben aclarar las observaciones y dar cuenta de lo ejercido este 2018, por lo que nadie se podrá ir libre de posibles responsabilidades.

Además, habrá un rastreo para verificar los pendientes al ejercicio 2016, que fue su primer año de gobierno.
Los montos se deben ir solventando con documentos y resarcir con recursos propios, no del ayuntamiento; si las faltas subsisten, los encargados de las finanzas, alcaldes y síndicos pueden hacerse acreedores a sanciones administrativas e incluso penales por desfalco a las administraciones municipales.

En total hubo observaciones para el 82 por ciento de los 302 entes fiscalizados, donde los que menos pendientes tienen son: el DIF de Polotitlán con mil 610 pesos, el Instituto del Deporte de Apaxco con 2 mil 420 pesos y de los Organismos de Agua resalta el de Coacalco con 4 mil 820 pesos, que es la cantidad más pequeña, pues son los ayuntamientos quienes tienen los presupuestos y señalamientos más voluminosos.

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