El Estado de México atraviesa una recomposición estructural que ha sido producto de dos etapas de expresión popular, la primera con el triunfo a la gubernatura de la Mtra. Delfina Gómez Álvarez y la segunda con los comicios electorales de este año, ambas etapas consolidaron de manera muy clara una fuerte legitimidad política y una nueva correlación de fuerzas en el Estado.
Morena y sus aliados contarán con amplias mayorías en Ayuntamientos y en el Congreso Local. Estas permitirán emprender diversas acciones que implicarán modificar ciertos componentes del arreglo político-institucional que le fueron funcionales a ciertos sectores durante casi un siglo.
Ese arreglo se ha institucionalizado en diferentes etapas en la historia del Estado. La última en 1995, cuando un extenso grupo de asesores encabezados por Cesar Camacho y Emilio Chuayffet , formalizaron y dieron paso a la institucionalización del modelo de Estado neoliberal –que hasta hoy con grandes rasgos prevalece– plasmado en una reforma constitucional, la cual estuvo acompañada de diversas disposiciones legales, políticas, instituciones, programas, mecanismos y procesos.
A partir de ahí, se diseñó la lógica y el sentido común en el que operaría el aparato institucional. Hoy tras tres décadas de un neoliberalismo local, que permeó múltiples problemáticas y benefició a un puñado de personas; millones de mexiquenses reclaman respuestas a las exigencias reales del presente y a las problemáticas que impactan de manera sistemática en todos los aspectos de su vida, para ello no solo es necesaria, sino impostergable una modificación estructural, ontológica y sistemática a ese modelo de Estado.
El timing político determinará el momento en que tomadores de decisiones, mediante los mecanismos formales podrán dar forma y fondo a las reglas de una nueva política, y entonces, acabará de nacer un nuevo modelo de Estado. Hoy, en el ámbito público se está a un paso más cerca de eso. La Gobernadora anunció que su administración retomará el proyecto de reforma a la Constitución estatal, iniciativa que presentó el SECTEC al Congreso local el 5 de febrero de 2023.
El proyecto de reforma se presume como una iniciativa moderna con visión vanguardista, progresista, desarrollada bajo un esquema sistemático-estructural, producto del análisis especializado y la deliberación popular. Por ello y propósito de este artículo, abordaré elementos descriptivos que fundamentan su justificación.
Transformación de modelo de Estado: El proyecto propone constituir a la entidad como un Estado social, humanista y democrático de derecho; el Estado de México sería la primera entidad en establecerse formal y expresamente bajo este modelo que desarrolla tres dimensiones: a) El Estado no se limita al reconocimiento formal de los derechos, sino que está obligado a crear condiciones sociales y materiales que permitan su real y efectiva realización. b) La justicia social y bienestar colectivo como garantía para poder combatir la desigualdad c) Se reconoce el principio de interseccionalidad, con el cual se procura la atención prioritaria de personas que debido a la desigualdad estructural, padecen exclusiones multilaterales y no solo económicas.
Dignidad Humana como principio rector: Este principio se determina como origen y fin de las instituciones y derechos. Vincula a toda autoridad a que, en sus leyes, decretos, reglamentos, actos administrativos, resoluciones o sentencias judiciales garantice este principio, y que su incumplimiento sea causa de nulidad. Esto permitirá permear a una interpretación garantista de todo el ordenamiento jurídico estatal.
Catálogo de Derechos: Los derechos reconocidos en la Constitución vigente son limitados, la mayoría son una réplica de la Constitución Federal y se encuentran desorganizados en el artículo 5° que desarrolla diferentes figuras y materias. Este proyecto adapta instrumentos del derecho internacional, amplía y diversifica sus alcances, tipos y categoriza su organización en: 1) derechos al desarrollo individual 2) libertades y derechos en lo colectivo 3) derechos sociales y económicos 4) derechos al buen gobierno y la administración pública, y 5) derechos acceso al conocimiento científico y desarrollo e innovación tecnológica.
Entre los derechos más destacados encontramos el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad, identidad digital, derechos sexuales y reproductivos, libertad a la protesta, protección a personas periodistas, derechos de las mujeres, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la cultura, al deporte y al esparcimiento, derecho a la ciudad, derecho al buen gobierno, renta básica universal, derecho de acceso a la conectividad y los servicios de telecomunicaciones.
Garantías Constitucionales locales: Se crean garantías constitucionales diferenciadas a las otorgadas por la Constitución Federal: Acción Popular de Inconstitucionalidad Local, Acción de Cumplimiento, Acción de Protección de Derechos, y Acción por Omisión Legislativa. De esta forma se garantizarán instrumentos jurídicos de carácter procesal para preservar violaciones a los derechos humanos y la constitución.
Principios: La iniciativa integra tres nuevos principios para crear un marco de interpretación y referencia con mayor amplitud. a) No regresividad: El Estado se obliga a ser omiso en relación con medidas contrarias al avance logrado en los derechos humanos, b) No limitación: Se determina que los derechos que integran a la Constitución no serán entendidos como negación u oposición de otros derechos no enunciados. c) Enfoque diferenciado y protección a grupos en situación de vulnerabilidad: Para identificar y reconocer las diferencias estructurales entre las personas y así procurar la eliminación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica.
La democracia es constituída como un sistema de vida fundado en la deliberación ciudadana, a partir de esta perspectiva será posible que la ciudadanía asuma un control en la toma de decisiones a través de: Referéndum, Plebiscito, Revocación de mandato, Consulta popular, Iniciativa ciudadana, Parlamento abierto, Cabildo abierto, mecanismos de presupuesto participativo y Solicitudes populares de auditoría.
Se integra una nueva estructura y sistemática constitucional que ordena de forma temática las disposiciones en Títulos, Capítulos y artículos en un sistema numérico decimal e implementa a las Leyes de Desarrollo Constitucional como un nuevo instrumento normativo para descargar a la Constitución de todas aquellas disposiciones de carácter adjetivo, reglamentario y orgánico que hacen perder su coherencia, alteran su carácter de norma general suprema y limitan su adaptación a las necesidades y exigencias de una sociedad dinámica.
Crea capítulos especializados para los derechos de las comunidades originarias, pueblos indígenas, residentes y afromexicanos, Organismos Constitucionales Autónomos y disposiciones relevantes a la protección de un medio ambiente sano, sustentable y ecológicamente equilibrado.
El régimen interior del Estado es reestructurado al incorporar como principios rectores de actuación pública la coordinación interinstitucional, austeridad, interoperabilidad de sistemas de información, descentralización, participación ciudadana, igualdad sustantiva y paridad de género. De igual forma se implementa el control parlamentario a través de mecanismos de rendición de cuentas, comparecencias, entrega de informes anuales e incorpora la figura de gobierno de gabinete para el poder ejecutivo, el cual deberá ser integrado por titulares especialistas en la materia.
Establece un régimen de ciudades para atender problemáticas y fenómenos del espacio urbano y reafirma la importancia del papel estatal en el desarrollo económico a partir de la implementación de un modelo sustentable basado en la organización comunitaria, estatal, privada y cooperativa en la que los diversos núcleos económicos están sujetos a participar de la economía de bienestar, centrando los objetivos del desarrollo en la redistribución de la riqueza, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad y justicia.
Contempla instituciones de estudio especializado que coadyuven a la deliberación y a la toma de decisiones basadas en datos como: – el Consejo Económico y Social – Centro de Estudios del Futuro – Instituto de Información y Estadística de Desarrollo Territorial- Instituto de Estudios en Gobierno y Administración Pública, entre otros.
Estas y demás figuras que integran el documento entregado, fueron resultado de un triple esquema de trabajo, por una parte un extenso debate en el Parlamento abierto y Parlamento Regional donde interactuaron más de 2 mil personas con 736 propuestas. En el Grupo Plural se realizaron 110 ponencias en diversas mesas temáticas donde participaron especialistas, institutos y universidades con sede en el Estado, así como un extenso trabajo de análisis y estudio comparado por parte del equipo técnico del secretariado.
El atisbo de la transición exigirá ajustes a la ingeniería institucional, ante este escenario la propuesta de reforma integral a la constitución retomará relevancia, será rescatada total o parcialmente. Los esfuerzos son considerables, pero no suficientes, nuevos temas han entrado en disputa, diversos ejes deberán ajustarse al reciente Plan de Desarrollo Estatal y la socialización del documento necesitará otra fuerte etapa de deliberación popular.
El Estado de México estará en nuevas condiciones y el contraste de una diferente dirección política al frente de este proyecto, deberá ser sustantivo. Crear un nuevo modelo, un nuevo aparato, una “nueva” Constitución, podrá tener muchas implicaciones, requiere voluntad política, solidez técnica y operativa pero sobre todo; saber que su declaración y contenido no bastará para dar solución a los asuntos más urgentes, cotidianos e inmediatos si no se ejercen acciones integrales.
La sociedad enterró un modo gerencial de hacer política, esta transición abrirá horizontes de posibilidad para transformar la implantación del sistema de precedencias y legitimidades entre lo institucional y lo popular, para un cambio de régimen que ponga al centro la dignidad e igualdad de las personas. Este gobierno está ante el reto más importante de la historia del Estado, seremos testigos para evidenciarlo
Alexis Hernández estudió Derecho en la UAEMéx, tiene énfasis en sociología jurídica, derecho parlamentario y constitucional.
Ha desempeñado trabajos de análisis político, estudio comparado e investigación jurídica en diferentes instituciones de gobierno.